Una cifra compleja —73 horas y 41 minutos de espera para un paciente en riesgo vital— abrió un inesperado e incómodo flanco para el Ministerio de Salud. La ministra May Chomali puso en duda los datos expuestos por Contraloría, el organismo fiscalizador salió a defenderlos públicamente y la Fenats entró de lleno al cruce acusando a la secretaria de Estado de intentar “tapar el sol con un dedo”.
Lo que comenzó como un informe de rutina sobre el funcionamiento de las urgencias hospitalarias escaló así a una severa controversia sobre la calidad de los registros. De paso, reabrió otra discusión de fondo: el impacto que, según los trabajadores, están teniendo los recortes presupuestarios en la red pública.
El origen de la polémica se remonta al último Consolidado de Información Circularizada (CIC) de Contraloría, el cual examinó los antecedentes de hospitales de la Región Metropolitana entre enero de 2024 y mayo de 2025.
En dicho documento, el organismo detectó 2.417 pacientes clasificados como C1 (riesgo vital) y otros 140.620 C2 (alto riesgo) atendidos fuera de los tiempos establecidos. El caso más extremo emergió en el Hospital San José, con 73 horas y 41 minutos de demora para una atención C1. El levantamiento también registró esperas de hasta 84 horas para pacientes C2, 122 horas en casos complejos y 132 horas entre usuarios de menor riesgo.
Chomali duda y Contraloría responde
La magnitud del hallazgo llevó a la ministra Chomali a cuestionar abiertamente si los antecedentes reflejan la realidad de los recintos.
“Un paciente que es clasificado como C1 es un paciente que está en riesgo vital. Si yo lo atendía a las 72 horas, ese paciente debió haber fallecido. Es difícil de creer que haya estado en la sala de espera 70 horas antes de atenderlo”, sostuvo la titular de la cartera.
La secretaria de Estado planteó la hipótesis de un problema estructural en los registros o en la categorización inicial, anunciando una revisión exhaustiva de los casos. De comprobarse las situaciones más graves, advirtió, se adoptarán medidas disciplinarias.
Sin embargo, la duda sembrada por la ministra encontró una respuesta poco habitual por parte del ente contralor. A través de sus canales oficiales, Contraloría respaldó públicamente su informe y recalcó que los datos utilizados fueron proporcionados por los propios servicios de salud.
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El contrapunto dejó planteada una interrogante que ahora deberá resolver la Subsecretaría de Redes Asistenciales: si los casos extremos ocurrieron tal como fueron consignados o si existen fallas sistémicas al momento de ingresar y categorizar las atenciones.
Fenats endurece la postura: “No puede tapar el sol con un dedo”
Con la tensión al alza, la Fenats aprovechó el flanco y dirigió sus dardos directamente hacia la gestión de Chomali.
“Es bastante difícil de creer que la ministra dude de un informe de la propia Contraloría. La ministra Chomali no puede intentar tapar el sol con un dedo, ni creer que mirando para el lado el problema deja de existir”, afirmó el presidente de Fenats Nacional, Emerson Berríos.
Para el dirigente, centrar la discusión pública en eventuales errores de digitación desplaza el problema real que viven a diario funcionarios y usuarios. “Los datos los vemos todos los días en los pasillos de los hospitales, en las urgencias colapsadas y en los funcionarios que no dan abasto”, enfatizó.
Además, desde el gremio repararon en el tiempo durante el cual se hizo el análisis (enero de 2024 a mayo de 2025), destacando que corresponde a una etapa previa a los ajustes presupuestarios aplicados a la red.
“El informe se levanta en un período sin recortes presupuestarios. Y si esa ya era la realidad, hoy la crisis es mucho más profunda. Los recortes son una puñalada mortal: faltan insumos, no se cubren turnos y no hay personal para asegurar una atención digna”, sentenció Berríos.
La mirada de los expertos: entre el error técnico y la saturación
Los cuestionamientos sobre la precisión de los datos no vinieron únicamente desde el gabinete ministerial. Exautoridades del sector coincidieron en que los tiempos expuestos sugieren anomalías operativas.
El exministro de Salud, Osvaldo Artaza, sostuvo que un paciente C1 requiere intervención inmediata y consideró “muy poco probable” que una persona en riesgo vital permanezca tres días en una sala de espera sin ser atendida. “Lo más probable es que haya existido un error de clasificación al momento del ingreso”, planteó.
Por su parte, el exsuperintendente de Salud, Héctor Sánchez, miró más allá del dato puntual y apuntó a la saturación estructural del sistema: “Los servicios de urgencia en nuestro país están con listas de espera internas. Hay una presión brutal por la baja capacidad resolutiva de la atención primaria y serias dificultades de gestión en la red”.
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