A seis meses de asumir, el Gobierno de José Antonio Kast prepara su propia narrativa para defender la etapa inicial de su administración. Un balance interno al que accedió Radio Bío Bío despliega indicadores en seguridad, inversión, empleo y protección social con los que La Moneda busca acreditar resultados concretos. Sin embargo, fuera de las planillas, el escenario es distinto: mediciones como Cadem y Criteria muestran que estos números no permean en la opinión pública. Esta distancia entre gestión y percepción vuelve a poner bajo la lupa una de las principales debilidades del Ejecutivo: su estrategia política y comunicacional.
En ocho páginas, el documento estructura la acción gubernamental en cuatro ejes: recuperación del crecimiento, inversión y empleo; seguridad y control territorial; protección social; y modernización del Estado. La apuesta de entrada es clara: instalar la idea de que, pese a las dificultades del semestre, existen datos duros para respaldar la gestión.
Cifras hay. El Ejecutivo destaca más de 120 mil oportunidades laborales movilizadas, casi US$33 mil millones en proyectos con aprobación ambiental, además de caídas de 14,5% en homicidios, 13,2% en robos violentos y 86,8% en ingresos irregulares por pasos no habilitados. No obstante, el desafío para La Moneda radica en que contar con estadísticas para un informe no garantiza que la ciudadanía las traduzca en una evaluación positiva.
Las cifras que La Moneda quiere instalar
El pilar económico encabeza el relato oficial. El texto resalta la promulgación de la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, la rebaja gradual del impuesto corporativo al 23%, los incentivos a la contratación y la estrategia “Modo Empleo” —que engloba programas e inversiones asociados a las más de 120 mil oportunidades de trabajo—.
En inversión, el balance da cuenta de un dinamismo que triplica los registros de períodos equivalentes en administraciones anteriores, sumando casi US$33 mil millones en iniciativas aprobadas ambientalmente. A esto se añaden 361 proyectos en evaluación por unos US$88 mil millones, con un potencial proyectado de 171 mil empleos. En materia fiscal, el Gobierno reivindica un recorte inicial del gasto por US$1.453 millones, cuya ejecución acumulada rozaba los US$2.000 millones a agosto.
Pero es en seguridad —una de las insignias de campaña de Kast— donde se concentran los indicadores más favorables. Al 30 de agosto, el informe reporta 103 homicidios menos que en el mismo período de 2025, una disminución de 9.186 robos violentos y una baja de 37,1% en secuestros confirmados por la PDI. Asimismo, Carabineros desarticuló 810 bandas y las incautaciones de droga subieron 64,4%.
En el plano migratorio, los ingresos por pasos no habilitados cayeron 86,8% y se ejecutaron 1.548 expulsiones entre enero y agosto, mientras que en la Macrozona Sur los eventos de violencia rural disminuyeron 24%.
En el papel, por lo tanto, La Moneda cuenta con insumos para sostener una historia de avances.
El muro de las encuestas
El contraste surge al confrontar estos indicadores con la evaluación ciudadana. La última Plaza Pública Cadem muestra un panorama complejo: 34% aprueba la conducción del presidente Kast frente a un 62% que la desaprueba, otorgando a los primeros seis meses una nota promedio de 3,4. La evolución de las expectativas acentúa el problema: si al primer mes un 52% consideraba que el desempeño era peor de lo esperado, cumplido el semestre esa cifra subió al 62%, mientras que solo un 8% opina que ha sido mejor.
Criteria refleja una tendencia similar. Su medición del 13 de septiembre ubica al mandatario en terreno negativo con 31% de aprobación y 55% de rechazo, tras registrar la semana previa su nivel más bajo (30% y 58%, respectivamente).
Aquí cobra fuerza la paradoja de La Moneda: los datos que el Ejecutivo considera suficientes para demostrar gestión no logran generar, de momento, un dividendo político equivalente.
Los logros que no alcanzan a instalarse
La misma encuesta Cadem permite medir la magnitud de este desfase. Al consultar por el principal logro del semestre, ninguna opción concita un consenso amplio. La reducción del gasto público encabeza las menciones con un modesto 17%, seguida por la aprobación de la “mega reforma” y la rebaja tributaria a empresas (16%). Los avances en control fronterizo, el plan Cancerbero y la agenda contra el crimen organizado obtienen apenas 12% cada uno. Más atrás figuran el destrabe de proyectos ambientales (7%) y la baja en los homicidios (4%).
Este último dato es revelador: la caída de 14,5% en homicidios, altamente promocionada en el balance oficial, aparece al final de la lista de logros percibidos. La brecha, por ende, excede un mero problema de difusión, ya que el Gobierno puede exhibir resultados, pero no controla cuáles son valorados o asociados a su gestión.
En cambio, la percepción de los errores resulta categórica. Un 38% atribuye como principal fallo el traspaso del alza de los combustibles a los consumidores; 32% apunta al débil crecimiento y al desempleo; y 25% menciona la generación de expectativas desmedidas. Le siguen los recortes de gasto y su impacto en servicios públicos, las desavenencias dentro del oficialismo y los problemas comunicacionales del gabinete. Mientras La Moneda enfatiza la inversión y la seguridad, la ciudadanía mantiene su foco en el costo de vida, la desocupación y los desaciertos políticos.
El problema del relato
El dilema de La Moneda no estriba en la falta de datos positivos, sino en lograr que sus indicadores trasciendan los informes técnicos e ingresen a la conversación cotidiana.
Incluso en el ámbito laboral, el informe alude a “oportunidades movilizadas” e impactos futuros —estimando, por ejemplo, que la Ley de Reconstrucción crearía entre 333.900 y 385.500 empleos al cierre del mandato—. Esta distinción es clave: mientras el Gobierno comunica intenciones, proyectos e inversiones aprobadas, la población evalúa su bienestar presente.
Cadem confirma este pesimismo de cara al próximo semestre. En empleo, solo un 26% proyecta una mejora frente a un 40% que anticipa un deterioro. En crecimiento económico, la expectativa favorable llega al 25% ante un 48% negativo, mientras que en comunicaciones apenas un 22% prevé avances frente a un 42% que proyecta un empeoramiento.
Esta última cifra apunta al flanco central que se intenta corregir. El balance semestral opera como un esfuerzo por ordenar el mensaje, sistematizar datos y articular una narrativa competitiva frente al descontento social. Sin embargo, evidencia también las limitaciones de dicha estrategia: La Moneda posee un relato para justificar sus acciones, pero no consigue que la ciudadanía lo adopte como criterio de evaluación.
Esta desconexión amenaza con convertirse en el principal obstáculo del segundo semestre. Aunque el propio documento matiza los hallazgos definiéndolos como “primeros avances” con miras a consolidar indicadores económicos, sociales y de seguridad, la evidencia demoscópica refleja hoy otra realidad: un Gobierno que acumula cifras, pero no genera confianza, y que a seis meses de asumir libra una batalla fundamental en la percepción ciudadana.
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