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Los debates sustanciados en el marco de la reciente SeguridadExpo 2026 —instancia organizada por Fisa que articuló a la industria con las principales entidades representativas de la administración local (AChM, AMUCH y AMUR)— evidenciaron una exigencia operativa ineludible: la necesidad de consolidar un modelo de gobernanza multinivel e intersectorial. Superar los sesgos respecto a la interacción público-privada es una condición técnica indispensable para cerrar las brechas operativas que el Estado presenta frente a las dinámicas del crimen organizado transnacional.
En materia de seguridad, la seguridad privada actúa como una fuerza coadyuvante y un actor subsidiario clave. Su capacidad de despliegue, inversión en innovación, estándares en ciberseguridad y transferencia tecnológica no deben ser analizados desde prejuicios ideológicos, sino como insumos estratégicos que complementan la capacidad operativa de las instituciones del Estado en la prevención y mitigación del delito.
El encuentro no solo abordó el estado del arte tecnológico y los desafíos en zonas fronterizas o ciberespacio; se desarrolló en un contexto sociopolítico crítico marcado por hallazgos de inteligencia que daban cuenta de la planificación criminal para atentar contra la vida de un alcalde electo, amenazas a altas autoridades del Estado y el fatídico homicidio de tres efectivos de Carabineros en Cañete en 2024.
El diagnóstico técnico es categórico: el umbral de vulnerabilidad institucional se ha elevado a niveles donde la persistencia en esquemas de respuesta reactivos y centralizados resulta ineficiente e insostenible.
El fenómeno delictivo actual ha mutado desde la delincuencia común hacia estructuras de crimen organizado altamente sofisticadas, orientadas a la disputa del control territorial y la penetración de la economía formal y las instituciones del Estado mediante la corrupción. Esta realidad exige trascender el debate enfocado en la sola percepción de temor y abordar de manera sistémica las variables estructurales del problema.
Frente a este escenario, los 345 municipios del país constituyen el nodo primario de la prevención y la presencia estatal.
Si bien la potestad del uso legítimo de la fuerza y la tutela del orden público corresponden constitucionalmente al Gobierno Central a través de las Fuerzas de Orden y Seguridad, es el nivel local el que posee la capacidad de captura de datos, la gestión situacional del territorio y el diseño de la prevención social. La iluminación de espacios públicos, la gestión de la red de teleprotección, la intervención comunitaria y la articulación con el comercio local son intervenciones de naturaleza municipal e integrables con el sector privado que el nivel central no puede replicar a escala.
Cuando la delincuencia organizada utiliza la coacción o la intimidación directa contra jefes comunales, el objetivo no es individual: se busca la neutralización del Estado en su punto de mayor proximidad comunitaria, afectando directamente la institucionalidad democrática.
Como Centro de Estudios y Gestión Estratégica de Seguridad Municipal (CEGES) de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), estamos convencidos que el fortalecimiento de la capacidad operativa municipal no responde a una agenda de descentralización abstracta, sino a un criterio de efectividad funcional.
Ganar la batalla contra la sofisticación delictual exige articular de forma vinculante la inteligencia policial, el Ministerio Público, la gestión municipal y el soporte técnico privado bajo una política de Estado con financiamiento de largo plazo. Sin una alianza estratégica de estas proporciones, la brecha entre la capacidad criminal y la respuesta institucional continuará expandiéndose.
