El silencio no es tiempo perdido

Hay silencios que suenan a cobardía. Otros, en cambio, son prudencia. Y hay silencios que no borran la historia, sino que se niegan a convertirla en un nuevo campo de batalla.

El del viernes pasado fue, probablemente, el menos dañino de los caminos disponibles. No porque el golpe de Estado, la dictadura o las violaciones de los derechos humanos sean asuntos secundarios. No porque José Antonio Kast rehuyera de su pasado pinochetista y de haber votado por el Sí en 1988. Tampoco porque el Estado pueda desentenderse de la memoria. Sino porque, en un país todavía atravesado por esa fecha, cada gesto presidencial corre el riesgo de ser leído como una provocación, una justificación o una apropiación partidista del pasado.

Los extremos necesitan ceremonias, banderas, consignas, héroes impolutos y villanos absolutos. Necesitan que el 11 de septiembre sea una liturgia que confirme lo que cada grupo ya cree. Algunos habrían querido que La Moneda reivindicara la fecha o la usara como una estación más de su particular batalla cultural. Otros exigían que la autoridad repitiera el rito bajo los términos de una sola memoria política, como si la democracia pudiera construirse obligando a todos a pronunciar el mismo discurso.

El Gobierno lo explicó con una frase que conviene retener: su deber sería mirar los próximos 50 años y no tanto los 50 que ya pasaron. Comparto la primera mitad. El problema es la segunda, y sobre todo el momento elegido para decirla.

¿Resuelve algo el silencio? No. Pero puede ser una forma de responsabilidad. Y sin embargo, es duro decirlo, aquí hay algo bastante más incómodo que la prudencia.

Este 11 de septiembre llegó apenas tres semanas después de que el Ejecutivo ingresara al Senado una reforma constitucional extraordinariamente riesgosa. Crea un estado de excepción de seguridad pública que el Presidente puede decretar por 240 días, 8 meses, sin autorización del Congreso. Recién las prórrogas siguientes exigen acuerdo parlamentario. Durante ese período pueden afectarse la libertad personal y de locomoción, el derecho de reunión y de asociación, y ordenarse la interceptación de comunicaciones y la requisición de bienes. No es exagerado advertir que una arquitectura semejante acerca nuestro régimen constitucional a prácticas propias de una dictadura.

Eso no es un descuido de redacción: es una decisión. Y las primeras objeciones vinieron no de la izquierda, sino, con dureza, de senadores de Renovación Nacional, de la UDI, del Partido Nacional Libertario e independientes, quienes advirtieron que el diseño era insostenible. La Presidencia del Senado pidió eliminar el nuevo estado de excepción y fortalecer, en cambio, el que ya existe.

En ese contexto, un acto oficial el 11 de septiembre habría sido, como mínimo, una señal profundamente contradictoria. Cuesta hablar de memoria, de democracia y de nunca más mientras se le pide al Congreso una delegación de poder que ningún gobierno democrático ha tenido.

Lo entendió bien Sebastián Piñera en 2013, cuando habló de los cómplices pasivos: quienes sabían y no hicieron nada, o no quisieron saber y tampoco hicieron nada. Sus palabras incomodaron precisamente porque se resistieron a la comodidad de una explicación unilateral. Nunca absolvió a la izquierda de su responsabilidad política en el deterioro de la democracia anterior al quiebre, pero tampoco permitió que una parte de la derecha escapara de su responsabilidad moral e histórica frente a los crímenes de la dictadura. Piñera podía hablar un 11 de septiembre porque había pagado el precio de decir las dos cosas.

Benjamin Franklin dejó en 1755 una advertencia que suena vigente: quien renuncia a la libertad esencial para comprar un poco de seguridad temporal no merece ni libertad ni seguridad. La democracia no desaparece únicamente cuando los militares ocupan las calles. También se debilita cuando, en nombre de la seguridad, se normaliza la concentración del poder, se relativizan los controles institucionales y se acepta que la excepción se transforme en regla.

El silencio no es tiempo perdido, escribió Gustavo Cerati para Soda Stereo en 1986. Y tal vez hoy necesitamos exactamente eso: menos ritos y más reflexión, menos solemnidad impostada y más responsabilidad concreta, menos relatos destinados a tranquilizar a las propias tribus. Pero no el silencio de la indiferencia, sino el que permite escuchar aquello que los extremos prefieren ocultar. El que desafía el rito porque se resiste a repetirlo mecánicamente. El que destruye mitos porque ninguna democracia puede sostenerse sobre leyendas cómodas.

Desafiar el rito. Destruir mitos. Y entender, de una vez por todas, que quien de verdad no quiere repetir el pasado empieza por no volver a escribirlo en la Constitución.