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A seis meses de asumir La Moneda, el Gobierno de José Antonio Kast enfrenta desafíos internos que ponen a prueba su capacidad de coordinación. Mientras no hay crisis gubernamental, la falta de sincronía entre distintos sectores del oficialismo genera tensiones. Los roces entre Renovación Nacional y ministros, las dificultades en la aprobación de reformas clave y la falta de una comunicación política centralizada son algunos de los obstáculos. La gestión contrastante entre ministros como Arrau y Rabat ejemplifica esta situación. Además, controversias como las contrataciones de "expertos" jóvenes y decisiones como no realizar un acto oficial por el 11 de septiembre añaden presión al Gobierno. La paradoja radica en que, pese a avanzar en su agenda, la falta de coordinación interna podría ser su mayor desafío.
A seis meses de asumir La Moneda, el Gobierno de José Antonio Kast enfrenta una paradoja: llegó al poder prometiendo orden, autoridad y capacidad de ejecución, pero algunas de las dificultades que comienzan a aparecer no provienen necesariamente de la oposición, sino de la coordinación de su propio sector.
No hay una crisis de gobierno ni una ruptura del oficialismo. Tampoco existen, por ahora, señales que permitan hablar de pérdida de control político.
Pero sí comienza a instalarse una sensación distinta: La Moneda avanza, aunque no todas sus piernas lo hacen al mismo ritmo. Es la “cojera” del Gobierno.
Los roces entre Renovación Nacional y el ministro de Defensa, Fernando Barros; las dificultades de Martín Arrau para sacar adelante una de las principales reformas de seguridad; las tensiones provocadas por la relación con Argentina y Javier Milei; y la decisión de no realizar un acto oficial por el 11 de septiembre son episodios diferentes, pero permiten observar un mismo problema: cómo el Ejecutivo administra las distintas sensibilidades de un oficialismo más amplio que el partido del Presidente.
En medio de ese cuadro aparece, además, un contraste dentro del propio gabinete: mientras Arrau enfrenta dificultades para construir acuerdos, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha comenzado a ser reconocido incluso por sectores de la oposición por una fórmula basada precisamente en el diálogo.
El problema no es solo qué se dice, sino quién lo dice
El episodio que enfrentó esta semana a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, con Fernando Barros es quizás el ejemplo más evidente.
Núñez cuestionó las intervenciones del ministro de Defensa en materias de seguridad y llegó a ironizar con que el secretario de Estado “parece vocero opinando de todo”. El impasse obligó posteriormente a buscar una instancia para recomponer la relación entre ambos.
Pero, según fuentes de BioBioChile, detrás de este episodio existiría una preocupación más amplia dentro del oficialismo: el modelo comunicacional del Gobierno, con un Alvarado de comentarista eventual junto al subsecretario Máximo Pavez.
La falta de un vocero político que concentre y ordene las respuestas de La Moneda estaría generando una suerte de ansiedad por contestar frente a las preguntas de los medios. Eso lleva a que ministros de distintas carteras terminen pronunciándose sobre asuntos que exceden sus ámbitos directos de competencia.
El problema no necesariamente está en que los ministros hablen, sino en que varias autoridades entreguen respuestas sobre una misma contingencia sin una voz política que las articule previamente. Esto, porque el resultado puede ser la descoordinación.
Eso es precisamente lo que el episodio Barros-Núñez dejó al descubierto: un ministro puede estar defendiendo una posición que considera coherente con el Gobierno, pero su intervención puede terminar generando un problema político con un partido oficialista o con el Congreso.
En otras palabras, la ausencia de una conducción comunicacional más centralizada puede estar trasladando parte de la estrategia política a los propios ministros. Y para un Gobierno que hizo del orden una de sus principales banderas, es una contradicción que no pasa inadvertida.
Arrau y Rabat: dos caminos para una misma agenda
La comparación entre Martín Arrau y Fernando Rabat resulta especialmente ilustrativa.
Ambos ministros forman parte de una misma estrategia contra el crimen organizado y tienen responsabilidades relevantes en la agenda de seguridad. Sin embargo, sus resultados políticos han comenzado a diferenciarse.
Mientras Arrau enfrenta presiones incluso desde el oficialismo para destrabar su reforma constitucional de seguridad, Rabat ha conseguido avanzar en distintas iniciativas mediante una estrategia basada en la construcción de acuerdos.
Justicia consiguió despachar por unanimidad la ampliación de 12 a 24 horas del plazo para configurar una hipótesis de flagrancia y previamente había avanzado con la denominada Ley Antipelotazos. También ha conseguido respaldos transversales para iniciativas como Responsabilidad Parental, la reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y la ampliación del plazo de detención de inmigrantes con fines de expulsión.
La diferencia no estaría necesariamente en los objetivos. Desde el Gobierno se ha insistido en que ambas carteras trabajan coordinadamente y forman parte de un mismo equipo. No obstante, la diferencia estaría, principalmente, en el método.
Fuentes de Radio Bío Bío describen en Rabat una disposición a negociar, explicar los proyectos en un lenguaje sencillo, entregar material a los asesores, mantener presencia permanente en el Congreso y escuchar a parlamentarios de distintos sectores.
La lectura política es relevante: el problema del Gobierno no parece ser únicamente conseguir mayorías. También es saber construirlas.
Ahí Rabat aparece como un contrapunto dentro del gabinete. Mientras Arrau ha debido modificar o negociar aspectos de una reforma que inicialmente buscaba impulsar con fuerza, Rabat ha conseguido que iniciativas que partieron con resistencias terminen acumulando apoyos.
No necesariamente porque sus proyectos sean menos controversiales, sino porque su método de trabajo ha reducido el costo político de las diferencias.
Los “expertos” y las dudas sobre la instalación
La polémica por las contrataciones de recién egresados y estudiantes con sueldos millonarios abrió otro flanco para La Moneda.
En los últimos días se conocieron al menos cinco casos de jóvenes contratados bajo la categoría de “experto”, incluyendo a un estudiante de Periodismo de 19 años para labores comunicacionales en Interior.
La controversia volvió a instalar preguntas sobre los criterios utilizados para conformar los equipos y el equilibrio entre confianza política y experiencia profesional.
Según analistas, detrás de estos casos también existe una dificultad estructural: Republicanos nunca habían gobernado y el oficialismo cuenta con una oferta limitada de cuadros propios.
En ese contexto, La Moneda enfrenta la necesidad de llenar cargos de confianza con un universo político relativamente reducido y joven.
La explicación permite entender el fenómeno, pero no elimina el costo político. Un Gobierno que llegó prometiendo eficiencia, orden y renovación del Estado queda obligado a explicar contrataciones que alimentan justamente la percepción contraria.
La seguridad, el corazón del proyecto, también enfrenta obstáculos
La paradoja se vuelve más evidente precisamente en seguridad.
El Gobierno hizo de esta materia uno de sus principales ejes y ha buscado imprimirle una identidad propia, incluyendo referencias al modelo de Nayib Bukele y la experiencia salvadoreña. Kast recibió recientemente en La Moneda a autoridades de seguridad de El Salvador para intercambiar experiencias en materia penitenciaria y contra el crimen organizado.
Pero mientras la señal política desde La Moneda apunta a una agenda ambiciosa, su traducción legislativa ha encontrado obstáculos.
La reforma constitucional impulsada por Arrau quedó sometida a una negociación que incluso obligó al Ejecutivo a explorar modificaciones propuestas por sectores de su propio oficialismo.
Esto instala una pregunta para La Moneda: ¿qué tan rápido puede avanzar un Gobierno que llegó prometiendo autoridad cuando sus principales reformas necesitan ser negociadas con quienes se supone que son sus aliados naturales?
No se trata de una anomalía. Todo Gobierno debe negociar.
El punto es que Kast construyó buena parte de su identidad política sobre la idea de que la falta de decisión había sido uno de los grandes problemas de administraciones anteriores.
Ahora la dificultad está en demostrar que negociar no equivale a perder control y que ejercer autoridad también requiere capacidad para construir acuerdos.
RN y los partidos que sostienen a Kast
El conflicto con RN adquiere especial importancia por lo mismo. Republicanos constituye el núcleo político del Presidente, pero Kast no gobierna solo con su partido. Necesita a RN, a la UDI y a los distintos sectores de la derecha para aprobar sus iniciativas en el Congreso.
Por eso, cada vez que un ministro entra en conflicto con un partido oficialista, el costo trasciende al episodio puntual.
El problema deja de ser Barros contra Núñez. Pasa a ser La Moneda versus una de las bancadas que necesita para gobernar. Y ahí aparece nuevamente la pregunta por la coordinación.
¿Quién establece los límites de lo que puede decir cada ministro? ¿Quién anticipa los efectos políticos de una declaración? ¿Quién negocia con los partidos antes de que un conflicto escale?La falta de una respuesta evidente a esas preguntas forma parte de la radiografía.
Milei y el costo de la cercanía
El episodio argentino agrega otra dimensión. Kast ha construido una relación de cercanía política con Javier Milei, pero las recientes controversias en torno al Estrecho de Magallanes demostraron que esa afinidad no elimina las diferencias de intereses entre ambos países.
Las declaraciones del canciller argentino Pablo Quirno sobre Argentina como país “bioceánico” y las posteriores intervenciones de Patricia Bullrich generaron preocupación en Chile y obligaron a La Moneda a reafirmar la soberanía nacional sobre el estrecho. La tensión fue posteriormente rebajada entre ambos gobiernos.
Incluso dentro del oficialismo surgieron voces reclamando una posición más firme.
Cuando Milei intervino en el Foro Madrid Santiago con duras críticas a la izquierda y referencias favorables a la dictadura, Kast optó por marcar distancia en las formas —dijo que él no habría utilizado la expresión “zurdos mugrosos”—, pero evitó confrontar directamente con su aliado argentino.
Nuevamente, La Moneda tuvo que administrar dos dimensiones al mismo tiempo: la relación estratégica con un gobierno ideológicamente cercano y las sensibilidades políticas internas de Chile.
El 11 de septiembre: una decisión que también divide
La decisión de Kast de no realizar un acto oficial por el 53° aniversario del golpe de Estado introduce otro elemento a la radiografía.
Por primera vez desde el retorno a la democracia, La Moneda no organizó una ceremonia oficial para conmemorar la fecha. El Presidente optó por mantener su agenda y viajar a Los Ríos, mientras defendió la decisión bajo la idea de que Chile debe mirar hacia adelante y no quedar “anclado en el pasado”.
La decisión puede leerse como una señal coherente con la identidad política de Kast y con su intención de modificar la forma en que el Estado aborda la memoria del golpe. Pero también abrió un nuevo frente de tensión.
La oposición cuestionó la ausencia de una ceremonia oficial, mientras el expresidente Gabriel Boric acaparó las miradas participando en un homenaje a Salvador Allende.
El episodio tiene una particularidad: no se trata de una descoordinación accidental. Aquí existe una decisión política deliberada.
Eso permite distinguir dos tipos de problemas que enfrenta Kast: aquellos que surgen porque distintas autoridades o partidos no logran coordinarse y aquellos que nacen de decisiones políticas que el Presidente está dispuesto a sostener aun cuando generen costos.
La verdadera prueba: hacer caminar al oficialismo
Vistos por separado, ninguno de estos episodios constituye una amenaza inmediata para el Gobierno. Pero juntos permiten observar algo más profundo.
Kast tiene un gabinete con estilos distintos, una coalición más amplia que su propio partido, una agenda legislativa ambiciosa y un Congreso donde incluso los aliados tienen intereses propios.
Por eso, la principal prueba de esta etapa no necesariamente será si la oposición logra bloquear al Ejecutivo. Será si La Moneda consigue ordenar a quienes están llamados a sostenerlo.
El contraste entre Arrau y Rabat es especialmente revelador: dos ministros trabajando sobre una misma agenda, pero con resultados políticos distintos. El conflicto entre Barros y Núñez muestra los costos que puede tener una comunicación sin una conducción política suficientemente centralizada. Y los episodios con Argentina y el 11 de septiembre evidencian cuánto debe administrar Kast entre su identidad política, sus alianzas y el ejercicio institucional de la Presidencia.
Es ahí donde aparece la “cojera”. El Gobierno sigue caminando. Ha conseguido avances y puede exhibir resultados. De hecho, La Moneda destacó esta semana el despacho de 33 proyectos de ley durante sus primeros seis meses.
Pero caminar rápido sirve de poco si las distintas partes del Gobierno no avanzan coordinadamente.
La paradoja para Kast es que el Presidente que llegó prometiendo ordenar el Estado ahora enfrenta una tarea menos visible, pero igualmente decisiva: ordenar su propia coalición, su gabinete y la forma en que sus ministros se relacionan con el Congreso.
Porque la oposición puede intentar frenar al Gobierno. Pero antes de eso, Kast necesita conseguir que todo su oficialismo camine en la misma dirección.
