El documental israelí “NAZA” llegó a presentarse con éxito en el Festival de Venecia con una acusación particularmente sensible: a través de testimonios de militares, cuestiona la forma en que Israel seleccionó objetivos para sus bombardeos en la Franja de Gaza y pone bajo la lupa el uso de sistemas de inteligencia artificial durante la ofensiva.
La producción, dirigida por los periodistas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, recibió el Premio Especial del Jurado en la Mostra de Venecia. Sin embargo, el reconocimiento internacional vino acompañado de una fuerte reacción dentro de Israel.
El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, teniente general Eyal Zamir, acusó a la película de intentar “socavar la legitimidad” del país y de sus Fuerzas Armadas. Además, ordenó estudiar posibles acciones legales contra el documental y sus responsables.
La controversia también se generó cuando el ministro de Cultura de Israel, Miki Zohar, anunció que buscaría que Abraham y Szor perdieran su ciudadanía israelí, a quienes acusó de cometer una “traición al Estado”.
Pero ¿qué muestra la película que generó semejante respuesta?
NAZA: El documental con los testimonios de fuerzas israelíes
El nombre NAZA corresponde a un acrónimo en hebreo que utiliza el Ejército israelí para referirse a daños colaterales. Según DW, el término también alude al cálculo sobre la cantidad de civiles que probablemente morirán durante un bombardeo.
La película reúne 24 testimonios anónimos de miembros de las fuerzas israelíes y cuestiona la estrategia utilizada por Israel en Gaza, especialmente el empleo de tecnología y sistemas de inteligencia artificial para identificar objetivos.
Los realizadores exponen relatos de militares que describen cómo ejecutaban bombardeos contra objetivos en el enclave palestino a partir de información generada mediante estas herramientas.
Ejército israelí arremete contra “NAZA”
El Ejército de Israel rechazó las acusaciones que plantea la película y cuestionó tanto la identidad como las funciones de las personas entrevistadas, cuyos testimonios aparecen de manera anónima.
El jefe del Estado Mayor fue más allá. Eyal Zamir sostuvo que el documental no busca plantear una crítica legítima ni esclarecer lo ocurrido durante las operaciones militares.
“Basándonos en lo publicado hasta ahora, esta no es una película que ofrezca críticas a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), ni un intento de establecer la verdad. Se basa en libelos de sangre, distorsiones deliberadas de la realidad y acusaciones graves y falsas contra los soldados y comandantes de las FDI”, afirmó.
Zamir defendió además que las Fuerzas Armadas actúan “de acuerdo con el derecho internacional y sus normas éticas” y aseguró que sus tropas realizan esfuerzos para reducir el número de civiles afectados durante sus operaciones, explicó EFE.
El militar también ordenó formar un equipo para preparar una respuesta a las acusaciones de NAZA, analizar eventuales acciones legales y determinar si sus realizadores utilizaron materiales clasificados sin autorización durante la producción.
Las críticas también llegaron desde distintos sectores políticos. El opositor Gadi Eisenkot acusó a los autores de presentar una imagen “distorsionada y unilateral” del conflicto.
El ex primer ministro Naftalí Bénet, en tanto, apuntó directamente contra los cineastas. “Lo que lo hace especialmente doloroso e indignante es que esta mentira provenga de cineastas israelíes y se esté difundiendo ahora por todo el mundo”, afirmó.
El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, también calificó de “desgracia y vergüenza” a Abraham y Szor, mientras que el Likud, partido del primer ministro Benjamín Netanyahu, calificó la película de “antisemita”.
Ministro propone quitar la nacionalidad a los autores
La polémica adquirió otra dimensión cuando el ministro de Cultura israelí, Miki Zohar, apuntó contra la ciudadanía de los dos realizadores.
“Actuaré de inmediato para revocar la ciudadanía israelí de estos despreciables creadores por traición al Estado”, escribió Zohar en X.
El ministro acusó además a Abraham y Szor de querer “perjudicar a su patria para recibir aplausos de antisemitas de todo el mundo”, destaca Deutche Welle.
Aunque la legislación israelí contempla la posibilidad de retirar la ciudadanía, se trata de una medida que rara vez se aplica.
En 2022, el Tribunal Supremo israelí ratificó que el Estado puede despojar de su nacionalidad a personas por falta de “lealtad”, por ejemplo, ante actos de espionaje o traición. Un año después, la legislación amplió esta posibilidad para incluir a condenados por “terrorismo”.
Sin embargo, la decisión no depende únicamente del ministro de Cultura. Para concretarla, el ministro del Interior debe presentar la solicitud, el ministro de Justicia tiene que aprobarla y posteriormente la justicia debe validarla.
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