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La reciente controversia con Argentina ha adoptado ribetes militares por su proceso de reequipamiento con dudosa posibilidad de sostenerse en el tiempo y por la necesidad de modernizar nuestro mecanismo de financiamiento de capacidades estratégicas. Mantener una disuasión creíble es para Chile un asunto de supervivencia. Ante esta realidad nuestro debate debería considerar dos asuntos.
El primero es evitar desvestir un santo para vestir a otros dos. El campo de batalla contemporáneo es multidominio, con componentes interdependientes en su capacidad de degradar o denegar acceso a cualquier amenaza. Entre otras cosas, esto obliga a equilibrar el desarrollo estratégico de nuestras tres instituciones, ninguna a costa de la otra. Teniendo con Argentina una de las fronteras más extensas del mundo y escasa profundidad estratégica, nuestra capacidad naval no puede analizarse de manera aislada de la capacidad terrestre que requerimos para proteger puertos o nodos logísticos en nuestra accidentada geografía austral.
Segundo, adquirir sistemas de armas de alta complejidad sin el capital humano calificado para operarlos y mantenerlos es una sentencia de muerte. Las capacidades estratégicas no solo son armamento, sino también personal, su entrenamiento, doctrina, infraestructura, sostenimiento, entre otros. Argentina representa la antítesis de este concepto integral, una realidad de la cual nuestras autoridades deben extraer lecciones para evitar brechas futuras.
Dicho esto, detrás del fetichismo material de Milei en torno a sus F-16, blindados TAM 2C A2 o a sus P-3C Orion con capacidades antisubmarinas degradadas, subyace otra realidad: un personal militar diezmado operativamente y sobre todo en su salud, salarios y moral.
La cita que titula esta columna es parte de la declaración que hiciera el suboficial mayor (r) del Ejército argentino, Carlos Héctor Velázquez, de 77 años, antes de quitarse la vida en mayo de este año al verse obligado a suspender su tratamiento oncológico debido a la falta de cobertura en el sistema médico militar.
Esta es una expresión, quizás la más cruda, de la derrota estratégica argentina.
Entre 2023 y 2026, el “sueldo militar” se desplomó producto de una inflación descontrolada, pulverizando el poder adquisitivo. El desenlace es que más del 50% del personal militar se encuentra por debajo o cerca de la línea de pobreza, incluso muchos dependiendo del rancho de sus unidades para poder alimentarse. Lo que se atiza por la brecha salarial del 35% existente entre las Fuerzas Armadas y las de seguridad, diferencia que los ajustes del gobierno, luego de los recortes al presupuesto de defensa, no han atenuado.
Ante la falta de liquidez, recurrir al crédito es igualmente prohibitivo. El Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF) que paga retiros, pensiones y brinda créditos a la familia militar con tasas preferenciales, está prácticamente en quiebra, obligando a los militares a volcarse a la banca comercial bajo condiciones desfavorables y en ocasiones draconianas.
Y el efecto era evidente. Entre 2023 y 2025, periodo Milei, existió una fuga de más de 15.000 efectivos principalmente por motivos salariales, ante lo cual el ministro Presti se vio obligado a autorizar actividades laborales fuera del horario de servicio. Esto significó el éxodo de personal con años de experiencia cuya formación demandó tiempo y recursos del Estado.
Un ejemplo de este esfuerzo estatal son los 5 millones de dólares que se prevé costará formar a un piloto de F-16 durante ocho años. Una suma estratosférica comparada a la remuneración actual de los pilotos argentinos de 810 mil pesos chilenos, por debajo de la línea de la pobreza que en Argentina es casi de 1 millón de pesos para una familia de cuatro integrantes.
El documento del almirante (r) Jorge Enrico “La Decadencia de la Armada Argentina” es gráfico: “Los sueldos de miseria (…) empujan a los mejores cuadros al retiro, dejando estructuras vacías administradas por el desánimo. La Constitución Nacional subordina a las Fuerzas Armadas al poder político civil, pero no las obliga a convalidar en silencio la indefensión de la Patria”.
Paralelamente el sistema de cobertura de salud militar yace en ruinas. Su déficit multimillonario ha llevado a suspender la cobertura y los tratamientos de alta complejidad, dejando a miles de militares activos y en retiro a su propia suerte, como el suboficial Velázquez.
En lo financiero, importa tanto la cantidad de dinero como su previsibilidad y estabilidad. Milei reemplazó el FONDEF que destinaba un porcentaje fijo de los ingresos nacionales a las Fuerzas Armadas, por el Plan ARMA que descansa en recursos provenientes de privatizaciones y ventas de activos estatales. Esto es un parche porque todos los ingresos por ventas de este tipo, además de tener un límite en la realidad, son esporádicos y volátiles.
A este desastre hay que sumar la crisis en la conducción política, que se agudizó con el nombramiento de un general activo como ministro de Defensa. La pésima gestión de Presti terminó por romper la confianza entre las Fuerzas Armadas y el ministerio, porque pasó de ser un par a convertirse en el vocero libertario del ajuste presupuestario, en lugar de reivindicar sus demandas. Así, la conducción política quedó aislada de su propia fuerza militar.
En definitiva, Argentina está lejos de igualar la estatura militar chilena, no solo por el tiempo que requiere desarrollar nuevas capacidades, sino también porque su actual plan de adquisiciones carece de una base estructural y se sostiene sobre la ruina de su propio personal, lo que difícilmente puede traducirse en una recuperación integral de capacidades creíble.
No obstante, esto no debe distraernos de la necesidad de asegurar recursos suficientes y estables para mantener nuestras capacidades. Pero además nos sirve para recordar que una derrota estratégica, en la que está sumergida la Argentina de Milei, también ocurre en tiempos de paz cuando se deja de entender que el personal, adecuadamente protegido y valorizado, es la base sobre la que descansa el poder militar de una nación.
