¿Miedo o engaño? Las aristas que deja el hallazgo de Bernarda Vera medio siglo después

A 53 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, el caso de Bernarda Vera, quien figuró durante décadas como detenida desaparecida, volvió al centro de la discusión tras confirmarse que está viva.

El hallazgo no solo llevó al Estado a eliminar formalmente su nombre del Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada, sino que abrió interrogantes respecto de las eventuales consecuencias administrativas, civiles o penales que podrían derivarse del caso, particularmente por los beneficios que recibió su familia durante estos años.

La profesora de educación básica y militante del MIR y del Movimiento Campesino Revolucionario tenía 27 años cuando desapareció en octubre de 1973. Durante décadas, la versión oficial —consignada en el Informe Rettig— la situó como una detenida ejecutada en la zona del río Toltén.

Sin embargo, una reciente resolución publicada en el Diario Oficial ordenó eliminarla formalmente del Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada, luego de constatarse que fue hallada con vida en Argentina.

La determinación abrió una serie de interrogantes respecto de los registros estatales, los beneficios otorgados a su familia y las eventuales responsabilidades que podrían establecerse.

¿Puede existir responsabilidad penal?

Desde una perspectiva judicial, el dictamen del ministro en visita Álvaro Mesa establece que Vera “no fue secuestrada, ni tampoco falleció producto del ataque de terceros”.

Uno de los principales cuestionamientos que surgieron tras conocerse el caso apunta a si pudo existir algún tipo de fraude relacionado con las pensiones o indemnizaciones entregadas a su familia.

Sin embargo, establecer una eventual responsabilidad penal requiere acreditar circunstancias adicionales al solo hecho de que Vera haya sido encontrada con vida.

Cabe destacar que los antecedentes conocidos durante la investigación apuntan a que su familia desconocía su paradero.

A ello se suma el contexto en que ocurrió su desaparición. La investigación estableció que Vera fue detenida por agentes del Estado tras el golpe de Estado, en un período en que numerosas personas abandonaron clandestinamente el país ante el riesgo de persecución.

Sobre este escenario, el abogado y académico de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central, Sebastián Kaufmann, explicó a BioBioChile que uno de los delitos que eventualmente podría investigarse es el aprovechamiento fraudulento de beneficios estatales.

No obstante, para que aquello pudiera configurarse, sería necesario determinar si existieron acciones destinadas conscientemente a obtener prestaciones que se sabía que no correspondían.

“Habría que probar que hubo acciones positivas fraudulentas, por ejemplo, que se le hubiera pedido a la hija algún certificado y ella lo hubiera proporcionado sabiendo que su madre estaba viva. O sea, habría que acreditar que hubo actos positivos que llevaron al fraude”, explicó.

De acuerdo con Kaufmann, la mera omisión o el silencio no serían suficientes por sí solos para configurar este delito.

“Si ella venía huyendo de una situación traumática en muchos sentidos, traumática psicológicamente, puede haber habido un temor comprensible a su integridad, y además, si nos comienzan a pagar un beneficio y callamos, es difícil que ese mero silencio sea suficiente. Otra cosa es que tú postules a un beneficio sabiendo que no te corresponde. Ahí ya estaríamos frente a un fraude”, sostuvo.

De esta forma, el término o eventual restitución de los beneficios entregados por el Estado constituye una discusión distinta de la responsabilidad penal, la que tendría que ser determinada por la justicia y requeriría acreditar una conducta fraudulenta.

CDE analiza el caso y terminan beneficios a hija de Vera

Incluso antes de que Vera fuera eliminada formalmente del registro, se había abierto la discusión respecto de qué ocurriría con las indemnizaciones y beneficios entregados a su familia.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, sostuvo anteriormente que “el Estado de Chile, el fisco de Chile, a través del Consejo de Defensa del Estado, está en la situación de requerir todo pago que no tenga una causa que lo justifique, con independencia de si quien lo recibió está de buena o mala fe. Es una cuestión de orden objetivo”.

Ante consultas de BioBioChile, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo encargado de representar judicialmente los intereses patrimoniales del Fisco, confirmó que comenzó a analizar los antecedentes luego de que estos fueran remitidos por el Ministerio de Justicia.

En este contexto, detallaron que posteriormente estableció coordinaciones con la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Instituto de Previsión Social (IPS) para avanzar en las medidas administrativas correspondientes.

“A fin de dar continuidad a esta labor y avanzar en las medidas administrativas pertinentes a partir de la verificación, por el ministro en visita Álvaro Mesa Latorre, de que Bernarda Vera se encuentra con vida y reside en la República Argentina”, dijeron.

Además, el CDE confirmó que los beneficios que recibía la hija de Vera fueron suspendidos por el IPS luego de comprobarse que dejó de cumplirse la condición que permitía acceder a ellos.

“Cabe destacar que este 10 de septiembre se publicó en el Diario Oficial la resolución de la cartera de Justicia que ordena la cancelación formal del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, y se avanzó, asimismo, en materializar el término definitivo de beneficios sociales a su familia, suspensión efectuada por el IPS (que en este caso es solo una hija) al dejarse de cumplir la calidad que habilitaba a percibirlos, todo lo anterior en resguardo de los recursos del Estado”, afirmaron.

La suspensión de los pagos, sin embargo, no supone por sí misma la existencia de responsabilidad penal, cuestión que tendría que ser establecida en una eventual investigación.

¿Qué implica el caso para el Plan Nacional de Búsqueda?

El hallazgo de Bernarda Vera también abrió una discusión respecto del funcionamiento del Plan Nacional de Búsqueda y de los mecanismos utilizados para determinar el destino de las víctimas de desaparición forzada.

Quienes participaron de este trabajo sostienen que precisamente la búsqueda permitió establecer que Vera seguía con vida.

La periodista especializada en derechos humanos Pascale Bonnefoy, quien integró el Plan Nacional de Búsqueda entre marzo de 2024 y enero de 2026, defendió esta tesis y señaló que “aquí no hubo un engaño y es un caso muy excepcional”.

“El caso de Bernarda Vera es un éxito del Plan Nacional de Búsqueda, porque efectivamente fue una búsqueda y con resultados de destino final”, sostuvo.

Bajo esta perspectiva, el objetivo de una política de búsqueda no consiste exclusivamente en encontrar restos de víctimas, sino en establecer cuál fue el destino de una persona cuya desaparición permanecía sin esclarecer.

La exjefa del Programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano, también defendió el trabajo realizado y aseguró que fueron precisamente las diligencias desarrolladas las que permitieron poner en duda los antecedentes existentes sobre Vera.

“La duda surgió gracias al trabajo del Plan Nacional de Búsqueda, desarrollado pese al silencio y la falta de colaboración de quienes cometieron y encubrieron estos crímenes”, dijo.

A ello agregó que “los responsables de estos crímenes nunca han colaborado con la justicia. El Estado ha tenido que reconstruir los hechos décadas después con información fragmentaria y archivos incompletos”.

El episodio, al mismo tiempo, ha abierto interrogantes respecto de los mecanismos históricos de verificación y actualización de los registros de víctimas, considerando que Vera permaneció durante décadas incorporada entre las víctimas de desaparición forzada.

Los caminos que podrían abrirse tras el caso Bernarda Vera

Respecto de lo que podría ocurrir a partir de ahora, Kaufmann identificó distintos escenarios que dependerán de las decisiones que adopten las instituciones involucradas y de los antecedentes que puedan surgir.

Una primera arista es administrativa, que contempla la eliminación de Vera de los registros correspondientes y el término de los beneficios asociados a su condición de víctima de desaparición forzada.

En el ámbito judicial, la investigación que lleva adelante el ministro Mesa podría concluir respecto de los eventuales delitos de homicidio o desaparición relacionados con Vera, considerando que fue encontrada con vida.

Un escenario diferente sería la apertura de una eventual investigación penal si aparecieran antecedentes que permitieran presumir la existencia de acciones fraudulentas destinadas a obtener beneficios estatales.

A ello podría sumarse una arista civil, relacionada con una eventual restitución de recursos pagados por el Estado, cuestión distinta de la determinación de responsabilidades penales.

Para Kaufmann, el caso también podría tener consecuencias en la discusión pública respecto de las políticas de búsqueda de personas desaparecidas durante la dictadura. Sin embargo, advirtió que la aparición con vida de Vera no permite extrapolar su situación al resto de las víctimas.

“Puede que existan algunos casos donde esas personas no hayan desaparecido, pero eso en nada desacredita el hecho de que hubo una cantidad enorme de personas que fueron víctimas de la violencia y de la represión estatal”, sostuvo.

“No desacreditan nada la necesidad de seguir buscando”, concluyó.

A más de cinco décadas de lo ocurrido, los procesos de verdad y justicia han permitido acreditar 40 mil víctimas de la dictadura cívico-militar. Entre ellos, hay 38 mil personas prisioneras o torturadas y 3.215 muertos, con 1.747 de ellos correspondientes a cuerpos de ejecutados entregados y 1.468 detenidos desaparecidos, de los cuales 307 fueron encontrados e identificados hasta el día de hoy, faltando 1.161 por hallar.