¿Deben devolverse las reparaciones? Lo que resolvió la justicia en casos previos a Bernarda Vera

El caso de Bernarda Vera puso sobre la mesa una pregunta: ¿qué ocurre con las reparaciones económicas cuando, años después, se determina una calificación errónea de un detenido desaparecido?

La discusión tomó fuerza luego de que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, afirmara que el caso de Vera no sería el único y mencionara la existencia de otros antecedentes similares.

Sin embargo, los antecedentes judiciales de esos casos muestran que ya habían sido detectados y resueltos, e incluso en algunos de ellos la justicia fijó un criterio que podría marcar futuras discusiones: una calificación errónea no implica automáticamente que haya existido fraude ni obliga, por sí sola, a devolver las reparaciones otorgadas por el Estado.

Calificaciones erróneas: los nueve casos previos a Bernarda Vera

Antes de que se conociera públicamente el caso de Bernarda Vera, ya existían nueve situaciones en que se concluyó que las personas habían sido calificadas erróneamente como detenidos desaparecidos o que existían inconsistencias en los registros oficiales.

Según fuente de BioBioChile, las rectificaciones obedecen en gran parte a que las comisiones de verdad calificaron los casos con los antecedentes disponibles hace más de tres décadas, información que posteriormente fue complementada mediante investigaciones judiciales, peritajes y nuevos testimonios.

Entre ellas figuran siete personas cuya condición de detenido desaparecido fue posteriormente descartada, un caso correspondiente a una persona sin existencia legal y otro asociado a una duplicidad de registros.

A ello se suman diversas rectificaciones de identidad y de clasificación que no modificaron la calidad de víctima, sino únicamente la forma en que fueron registradas.

Casos previos: lo que resolvió la justicia

Con el caso de Vera, fueron varias las voces que salieron a exigir la devolución de las reparaciones económicas. Sin embargo, los precedentes judiciales muestran datos relevantes: aunque el Consejo de Defensa del Estado buscó recuperar recursos públicos en algunos de esos casos mediante querellas por fraude al Fisco y demandas civiles, los tribunales concluyeron que una calificación errónea no constituye, por sí sola, un fraude.

Para ordenar la restitución de los beneficios, establecieron los jueces, debe acreditarse que quien los recibió actuó con dolo o mediante engaño.

El caso Millas

Uno de los precedentes corresponde a Pedro Gonzalo Millas Márquez. La investigación posterior estableció que no había sido víctima de desaparición forzada, sino que falleció en 1982 en un accidente ferroviario y que su defunción se encontraba inscrita en el Registro Civil.

A raíz de esos antecedentes, el Consejo de Defensa del Estado buscó recuperar cerca de $76 millones correspondientes a pensiones, bonos, becas y otros beneficios entregados a su grupo familiar.

Sin embargo, el ministro en visita Leopoldo Llanos absolvió a la viuda al concluir que no existía prueba de una maniobra fraudulenta ni del dolo requerido para configurar el delito de fraude al Fisco.

La Corte de Apelaciones confirmó posteriormente esa decisión y, años más tarde, el Instituto de Previsión Social reanudó el pago de la pensión que había sido suspendida mientras se desarrollaba el juicio.

El caso Soto

Un criterio similar aplicó la justicia en el caso de Gustavo Edmundo Soto Peredo. La investigación concluyó que había fallecido antes del golpe de Estado y que la declaración que sirvió de base para incorporarlo al listado de detenidos desaparecidos era falsa.

Pese a ello, el tribunal estableció que el hijo que recibió un bono de reparación no había participado en esa declaración ni conocía la falsedad de los antecedentes. Por esa razón fue absuelto del delito de fraude al Fisco y también se rechazó la demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado para recuperar los recursos entregados.

Plan Nacional de Búsqueda y Comisiones de Verdad

El debate abierto por Bernarda Vera no solo volvió a instalar la discusión sobre las reparaciones económicas. También reactivó el cuestionamiento sobre la utilidad del Plan Nacional de Búsqueda y el funcionamiento de las comisiones de verdad, dos instrumentos que distintos especialistas consideran precisamente necesarios para corregir este tipo de errores históricos.

Según explicó a BioBioChile la abogada de derechos humanos, Karinna Fernández en procesos de justicia transicional es habitual que, con el paso de los años, aparezcan nuevos antecedentes que permitan revisar calificaciones o reconstruir de mejor manera la historia de las víctimas.

“Los estándares en materia de justicia transicional y de comisiones de verdad establecen que estas tienen que ser abiertas precisamente para generar procesos de recalificación”, sostuvo.

Fernández recordó que en Chile ya existió una experiencia de ese tipo cuando la Comisión Rettig volvió a recibir antecedentes durante la apertura del proceso de la Comisión Valech. A su juicio, uno de los principales obstáculos hoy es que gran parte de la información recopilada por la Comisión Valech permanece bajo secreto:

“Ese secretismo respecto de las personas sobrevivientes que entregaron sus testimonios impide tomar decisiones correctas tanto en los órganos administrativos como judiciales, cuando esa sistematización de la información permanece secreta”, afirmó.

La abogada agregó que esa discusión no debería utilizarse para poner en duda las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura, sino para fortalecer los mecanismos de búsqueda y revisión de antecedentes.

“Esta discusión debería enfrentarnos de nuevo a la importancia de que las comisiones de verdad sean abiertas y no cuestionar las graves situaciones vividas por numerosas víctimas en nuestro país”, concluyó.