Senadores del oficialismo y la oposición buscan una fórmula para tramitar la cuestionada reforma de seguridad. Mientras desde la centroizquierda rechazan cualquier eventual “cocina” en torno a la propuesta de conformar una mesa técnica, en la derecha sostienen que el proyecto podría experimentar modificaciones profundas, incluso de hasta un 80%.
Aunque el escenario actual aparece menos “conflictivo”, la discusión se encuentra en un punto clave. El desafío ahora es encontrar una vía para conducir la tramitación legislativa de una iniciativa que, de no alcanzar los acuerdos necesarios, podría incluso quedar en el cajón.
Desde que el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya (PPD), planteó al Ejecutivo la posibilidad de realizar un trabajo prelegislativo con asesores y parlamentarios antes de iniciar la tramitación general del proyecto, las opiniones en el Congreso han sido diversas.
Desde la Democracia Cristiana (DC), el senador Francisco Huenchumilla manifestó que preferiría más que una mesa técnica que funcione en paralelo al trabajo legislativo, que esto se haga en el trabajo de comisiones. Además, apuntó a la idea de avanzar con una “hoja en blanco”.
Asimismo, insistió en que cualquier modificación a la reforma debe realizarse con total transparencia.
“Yo creo que este proyecto debe ser tramitado con la máxima transparencia. No hay cocina posible. El texto base no sirve, ninguno de sus ocho puntos. Nos divide. Creo que lo mejor es trabajar con una hoja en blanco”, sostuvo.
Por su parte, el vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), recordó que los proyectos pueden sufrir transformaciones durante su tramitación.
En el caso de esta reforma, aseguró que incluso podría modificarse hasta en un 80% respecto de la iniciativa originalmente ingresada.
“Para un trabajo prelegislativo que se propone una mesa de trabajo, pero en ningún caso sacar la reforma, porque muchas veces entran proyectos de ley que se modifican hasta el 80%”, señaló.
En la Cámara de Diputados, en tanto, el socialista César Valenzuela planteó una postura más dura y apuntó a que el proyecto debería ser retirado por completo, sin siquiera avanzar en su tramitación.
El diputado Cristián Tapia (IND-PPD), por su parte, también manifestó reparos a la reforma, aunque introdujo matices respecto de la agenda de seguridad. Esa apertura es precisamente uno de los espacios que el Gobierno buscará explorar durante los próximos días.
El parlamentario también abordó las declaraciones del senador Pedro Araya, quien afirmó en La Segunda que estaba dispuesto a “cruzar la vereda”, dichos que generaron críticas dentro del Socialismo Democrático.
Tapia sostuvo que la expresión utilizada por Araya “no fue la más feliz”, pero lo cierto es que el PPD tiene más sintonía con la agenda de seguridad porque la entiende como necesaria, solo que sin necesidad de establecer lo que llama un cheque en blanco con el Gobierno.
“Creo que a lo mejor el término que usa el senador Araya no es el término correcto. Nosotros siempre vamos a estar dispuestos a conversar. Nosotros no estamos en una postura dura, pero tampoco estamos en una postura de entregar un cheque en blanco al Gobierno. Más de lo individual, aquí tenemos que hacer algo colectivo”, explicó.
Estado de Excepción Constitucional
En paralelo, comienzan a surgir conversaciones en materia de eventualmente buscar una alternativa a esta reforma de seguridad, por ejemplo, presentando una reforma que fortalezca el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia.
La posibilidad ha sido discutida durante los últimos días y apunta a buscar una salida legislativa distinta a la creación de un nuevo Estado de Excepción.
La pregunta que va flotando en este momento es si esta idea vendría directamente del Gobierno, si son los parlamentarios los que están tomando la iniciativa o si, en efecto, se va a buscar una suerte de acuerdo entre la oposición y el oficialismo.
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