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El escándalo de corrupción en torno a los Juegos Panamericanos Santiago 2023 se agrava con la denuncia presentada por el ministro del Deporte, Francisco Riveros Cantuarias, ante la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente. La Corporación XIX Juegos Panamericanos enfrenta acusaciones por mal manejo de fondos públicos, incluyendo $23.727 millones observados por el IND, pagos excesivos, viáticos sin respaldo, contrataciones irregulares y estatutos defectuosos.
Radio Bío Bío tuvo acceso exclusivo a la denuncia que el ministro del Deporte entregó a la Fiscalía Metropolitana Occidente. El documento describe $23.727 millones cuyo reintegro fue exigido por el IND; pérdidas por la compra de dólares; pagos por en exceso por más de USD 5 millones; viáticos sin respaldo; contrataciones laborales realizadas pese a advertencias expresas; modificaciones estatutarias no inscritas y un eventual conflicto de interés en la liquidación de la Corporación. La acción no imputa delitos específicos, pero advierte que “podrían revestir el carácter de delito”.
Fiu fue la cara sonriente de Santiago 2023. Detrás de la mascota, las medallas y la celebración deportiva, sin embargo, quedó una Corporación con miles de millones de pesos observados, pérdidas patrimoniales, pagos sin respaldo, litigios laborales, estatutos defectuosamente inscritos y decisiones financieras que hoy llegaron a manos del Ministerio Público.
La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío tuvo acceso exclusivo a la denuncia que el ministro del Deporte, Francisco Riveros Cantuarias, presentó el 24 de agosto de 2026 ante la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente.
La acción, que ya es comentario obligado dentro de la Fiscalía, fue dirigida contra quienes resulten responsables y solicita abrir una investigación por hechos que, según expresa literalmente el documento, “podrían revestir el carácter de delito”.
La denuncia no atribuye por ahora un ilícito específico ni establece responsabilidades penales. Eso deberá resolverlo la Fiscalía. Pero el cuadro descrito por el propio ministro es devastador: recursos fiscales sin rendición satisfactoria, reintegros exigidos por el IND, pagos millonarios en exceso, viáticos entregados incluso a personas que no asistieron a los Juegos, advertencias laborales ignoradas y un proceso de liquidación bajo sospecha de falta de imparcialidad.
El escrito advierte que la Corporación manejó recursos fiscales y que, por esa razón, los hechos podrían determinar “la eventual aplicación de tipos penales que sancionan atentados contra el patrimonio público”.
Es la resaca de Santiago 2023. Y esta vez Fiu quedó sentado en el banco de los cuestionados.
Los $23.727 millones que el IND exigió devolver
La Corporación XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023 fue constituida en diciembre de 2018 por el Instituto Nacional de Deportes y el Comité Olímpico de Chile.
Aunque se trataba de una corporación privada sin fines de lucro, fue financiada principalmente con recursos públicos. Entre 2019 y 2025 recibió del IND $320.439 millones mediante 11 convenios de transferencia, dentro de un presupuesto público originalmente estimado en US$507 millones.
La denuncia subraya que esos fondos estaban “sujetos a rendición de cuentas ante un organismo público” y a la fiscalización de la Contraloría General de la República.
De los $320.439 millones transferidos, el documento indica que fueron rendidos $295.846 millones. El IND terminó observando $23.727 millones, concentrados principalmente en convenios correspondientes a 2023 y 2024.
No quedaron simplemente pendientes de revisión.
Mediante oficios emitidos entre junio y julio de 2026, la dirección subrogante del IND rechazó formalmente las partidas observadas y solicitó su reintegro por el total de $23.727 millones.
Entre los montos cuestionados aparecen aproximadamente $1.100 millones en pagos previsionales realizados a través de PreviRed, correspondientes a trabajadores cuyas contrataciones fueron objetadas. También figuran cerca de $790 millones relacionados con una compra masiva de dólares.
La magnitud de las observaciones era conocida dentro de la propia Corporación.
En el acta del directorio extraordinario del 30 de julio de 2025, citada en la denuncia, el agente administrador, Carlos Felipe Toro Pinochet, reconoció que alrededor de $20 mil millones “podrían tener un problema de reintegro”.
Pero su segunda afirmación resulta todavía más grave: “No hay recursos de personas y de tiempo para aclarar esas observaciones”.
La denuncia interpreta esas declaraciones como “un reconocimiento expreso” de que existían fondos públicos que no habían sido rendidos satisfactoriamente y cuyas observaciones ni siquiera podrían ser aclaradas antes del cierre de la Corporación.
En otras palabras, quienes tenían que explicar el destino de miles de millones de pesos reconocían que no contaban con personas ni tiempo para hacerlo.
El liquidador que debía revisar a su propio socio
El cierre de Santiago 2023 tampoco quedó libre de cuestionamientos. Carlos Felipe Toro fue contratado el 23 de junio de 2023 como gerente de Administración y Finanzas. Al momento de asumir, mantenía un vínculo societario, a través de sociedades relacionadas, con Juan Enrique Montes Molina, entonces director de Administración y Finanzas de la propia Corporación.
Ambos estaban relacionados con Montes Toro Consultoría SpA, constituida cuatro meses antes de la contratación de Toro. Pese a ese vínculo, en diciembre de 2024 Toro fue designado agente administrador y quedó encargado del cierre y liquidación de Santiago 2023.
El problema era evidente: entre sus deberes se encontraba evaluar y eventualmente perseguir responsabilidades patrimoniales de los antiguos administradores, incluidas aquellas que pudieran comprometer a su socio comercial.
La denuncia advierte que esa relación podría configurar una incompatibilidad frente al deber de imparcialidad, porque en una misma persona “podrían confluir los intereses de la Corporación con los personales de quien la administra”.
No es una imputación penal. Pero sí una advertencia frontal: quien debía revisar, liquidar y eventualmente perseguir responsabilidades mantenía una relación comercial con uno de los antiguos responsables del área financiera.
La compra de dólares que dejó una pérdida de $790 millones
A pocas semanas del inicio de los Juegos, en octubre de 2023, la Corporación gestionó una compra masiva de dólares.
La operación, según la denuncia, “generó una pérdida para la Corporación de $790.000.000”. Ese ajuste fue posteriormente incorporado entre las partidas observadas por el IND.
El escrito entregado a la Fiscalía no individualiza quién ordenó la operación, quién la autorizó, qué institución financiera intervino ni por qué se optó por comprar masivamente divisas en ese momento. Eso deberá establecerlo el Ministerio Público.
Lo que ya consta es que una decisión financiera adoptada con recursos de Santiago 2023 terminó provocando, según la denuncia ministerial, una pérdida cercana a los $800 millones.
US$5,629 millones pagados en exceso
El capítulo vinculado a FAST Engenharia e Montagens S.A. es todavía más duro. La denuncia afirma que la Corporación pagó en exceso a esa empresa US$5,629 millones.
El monto se divide en US$1,089 millones por la “aplicación errónea de una tasa de IVA de 19%, en circunstancias que correspondía 15%”, y otros US$4,540 millones que también habrían sido desembolsados en exceso.
No se trata de una diferencia menor ni de un ajuste marginal. La propia autoridad está afirmando ante la Fiscalía que más de US$5,6 millones salieron de las cuentas de la Corporación sin que correspondiera pagarlos.
Tras una “infructuosa gestión de restitución”, la Corporación procedió unilateralmente al cobro de boletas de garantía por US$4,048 millones.
Sin embargo, el dinero no ha sido recuperado definitivamente. Los recursos permanecen retenidos debido a un juicio arbitral todavía pendiente.
El resultado es una controversia multimillonaria en la que Santiago 2023 reclama recursos pagados en exceso, pero cuya recuperación sigue sometida a arbitraje.
Viáticos sin documentos y pagos a quienes no asistieron
La falta de respaldo también alcanzó los viáticos entregados a oficiales y árbitros. Según un acta extraordinaria del directorio del 23 de junio de 2025, la secretaría ejecutiva informó que se habían pagado per diems “por adelantado y sin respaldo documental”.
Eso ya era grave. Pero el escrito agrega que los pagos se efectuaron “incluso a personal que no asistió a los Juegos”. Es decir, se habrían entregado recursos por anticipado, sin documentos suficientes y a personas que finalmente ni siquiera participaron en Santiago 2023.
El IND observó posteriormente esos desembolsos al revisar las rendiciones.
La denuncia no precisa en su cuerpo principal cuántos beneficiarios estuvieron en esa situación ni cuánto dinero se entregó. Esas son preguntas que ahora deberá despejar la investigación.
“Están conscientes del riesgo”
La contratación de personal muestra que varios de los problemas posteriores no eran imprevisibles.
En enero de 2023, la entonces directora ejecutiva presentó al directorio un plan que contemplaba contratar a 1.804 personas a honorarios y solo a 48 mediante contratos de trabajo a plazo fijo. El costo anual proyectado, sin considerar el IPC, alcanzaba los $25.880 millones.
Según el acta citada en la denuncia, la administración reconoció expresamente que: “Están conscientes del riesgo que involucra contratar a tantas personas bajo la modalidad de honorarios, lo que, en un futuro, podría tener consecuencias judiciales para la Corporación”.
La advertencia no detuvo el plan. Un informe en derecho elaborado por Guerrero Olivos en agosto de 2023 concluyó que la Ley de Presupuestos de ese año no imponía una limitación al número ni al presupuesto de las contrataciones regidas por el Código del Trabajo.
La denuncia sostiene que, “atendidos los riesgos ya advertidos”, no se justificaba mantener a trabajadores a honorarios bajo condiciones que podían constituir subordinación y dependencia cuando existía la posibilidad de utilizar contratos laborales.
Las consecuencias llegaron. Entre agosto de 2023 y junio de 2026, el escrito registra 236 demandas laborales por una cuantía total de $6.345 millones. La Corporación ya habría pagado cerca de $1.614 millones y mantiene 20 causas pendientes por otros $1.887 millones.
No fue una contingencia inesperada. El propio directorio había sido advertido de que ocurriría.
Estatutos sin inscripción y dos asambleas imposibles
La denuncia también expone un desorden severo en la estructura jurídica de la Corporación.
De siete modificaciones efectuadas a los estatutos, solo dos fueron debidamente inscritas en el Registro de Entidades sin Fines de Lucro: las correspondientes al 14 de octubre de 2020 y al 27 de junio de 2023.
Las cinco reformas posteriores no fueron inscritas dentro del plazo legal.
Entre las modificaciones defectuosamente registradas aparece una particularmente delicada: aquella que permitía al directorio donar bienes de la Corporación “sin necesidad de notario público”.
Pero existe un antecedente aún más difícil de explicar. El 12 de junio de 2025 figuran celebradas dos asambleas extraordinarias distintas, las números 23 y 24, “el mismo día y a la misma hora”, con contenidos diferentes.
Mientras los antecedentes sitúan las reuniones en las oficinas del IND, la certificación notarial de la asamblea número 23 sostiene que la sesión se realizó a las 17:00 horas en el domicilio del notario.
La propia denuncia concluye que aquello “no resulta concordante” con la celebración simultánea de otra asamblea en dependencias del IND. Dicho sin eufemismos: los documentos ubican dos reuniones distintas, con contenidos diferentes, a la misma hora y en lugares incompatibles.
Corresponderá a la Fiscalía establecer si se trató de un error documental, una irregularidad administrativa o un hecho de otra naturaleza.
Funcionarios del IND y contingencias tributarias
Los antecedentes entregados por el ministro incorporan además pagos por aproximadamente $70 millones a funcionarios del IND que prestaron servicios sujetos a las incompatibilidades contempladas en el artículo 56 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado.
También se describen contingencias tributarias derivadas del rechazo del Servicio de Impuestos Internos al crédito de IVA utilizado en contratos de auspicio y pagos a empresas en los que no se habrían considerado correctamente los impuestos.
Parte de esas materias sigue sometida a un juicio arbitral ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago.
Una Corporación desbordada
La denuncia no prueba por sí sola la comisión de delitos. Tampoco establece quiénes son responsables ni permite atribuir intención criminal a los administradores, directores, ejecutivos o proveedores involucrados.
Pero la presunción de inocencia no obliga a suavizar la dimensión de los hechos.
El documento presentado por el ministro del Deporte describe una Corporación desbordada: $23.727 millones cuyo reintegro fue exigido; pérdidas por decisiones financieras; millones de dólares pagados en exceso; viáticos sin respaldo; recursos entregados a personas que no asistieron; juicios laborales advertidos anticipadamente; reformas estatutarias sin inscripción y dos asambleas que, al menos documentalmente, aparecen celebradas simultáneamente en lugares distintos.
No es un problema aislado. No es un formulario incompleto. No es una factura extraviada. Es una sucesión de fallas que atraviesa las finanzas, las contrataciones, el gobierno corporativo, las rendiciones, los impuestos, los estatutos y hasta la liquidación de Santiago 2023.
Mientras Fiu era levantado como el gran símbolo de los Juegos, la institución que administraba los recursos públicos acumulaba problemas que ahora están sobre el escritorio de la Fiscalía Metropolitana Occidente.
