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Señor Director:
El segundo semestre de 2026 arranca con una economía que muestra señales contradictorias. Existen razones para pensar que lo peor del ciclo de desaceleración podría haber quedado atrás, pero los últimos datos conocidos obligan a abandonar cualquier expectativa de una recuperación rápida y generalizada.
La cifra que marcó el cierre del primer semestre fue la caída del PIB de 0,2% anual. Sin embargo, la mirada positiva es que, en términos desestacionalizados, el PIB no cayó respecto del trimestre anterior.
Más que hablar de una economía que está entrando en una recesión técnica, lo que tenemos es un crecimiento bajo. El Banco Central redujo en junio su proyección de crecimiento para 2026 a un rango de entre 1% y 1,75%, después de haber previsto entre 1,5% y 2,5% en marzo, y -con la información disponible hasta hoy-, parece razonable pensar que Chile terminará el año más cerca del centro o de la parte baja de ese rango que de las expectativas más optimistas que existían a comienzos de año.
Un área donde la recuperación está muy rezagada es el mercado laboral. La tasa de desocupación alcanzó 9,4% en abril-junio de 2026, lo que se traduce en 980.270 personas desocupadas, mientras la ocupación informal se ubicó en 27%. La creación de puestos de trabajo sigue siendo demasiado débil para absorber la fuerza laboral. Una economía puede aumentar su PIB mediante sectores intensivos en capital sin generar una cantidad proporcional de puestos de trabajo.
Por eso, una eventual recuperación durante el segundo semestre podría coexistir con un desempleo elevado. Los segmentos más afectados serán aquellos donde la recuperación ha sido más lenta, como la construcción, las actividades ligadas a la inversión inmobiliaria y determinados segmentos de servicios.
Por otra parte, Chile enfrenta una paradoja evidente. Existen proyectos y oportunidades de inversión, pero una parte de ese potencial no se transforma en inversión efectiva. El problema de los permisos no es nuevo, y actúa como un impuesto implícito a la inversión. No se trata de eliminar estándares ambientales ni de debilitar las regulaciones, sino de que el Estado sea capaz de decidir en tiempos razonables. Eso exige digitalización, la implementación de ventanillas únicas, la interoperabilidad entre organismos, y cumplimiento de plazos máximos efectivos, entre otros factores.
El otro gran problema es externo. El arancel estadounidense de 12,5% para casi 40% de las exportaciones chilenas constituye un desafío relevante, pero sería un error interpretar este hecho sólo como una pérdida de competitividad frente a Estados Unidos. El riesgo es que la fragmentación del comercio internacional termine afectando las decisiones de inversión y las cadenas de suministro. El país no puede controlar la política comercial de Estados Unidos, pero sí puede decidir cómo responder.
La primera tarea es utilizar todos los mecanismos institucionales para conseguir excepciones, reducciones o condiciones preferentes para los productos afectados. La segunda, y probablemente la más importante, es aprovechar el acceso preferencial que Chile ya posee en numerosos mercados para aumentar el valor agregado de sus exportaciones.
Gustavo Díaz
Economista del Instituto Libertad
