El avance del crimen organizado ya no se limita al tráfico de drogas, el contrabando o los hechos de violencia. Las organizaciones criminales han evolucionado hacia estructuras más sofisticadas y transnacionales, aumentando también el riesgo de que busquen infiltrarse en instituciones y actividades económicas a nivel local.
La advertencia fue planteada por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, durante su participación en el seminario “Crimen Organizado y Contrabando”, organizado por la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH).
En la instancia, el persecutor del norte abordó los nuevos desafíos que enfrenta el Estado ante organizaciones capaces de articularse más allá de las fronteras y que, además de recurrir a la violencia, pueden utilizar la corrupción como una herramienta para conseguir sus objetivos.
Según explicó Castro Bekios, estas estructuras deben ser entendidas como redes modulares y transnacionales, con división de tareas, logística, financiamiento y conexiones territoriales.
“La banda es local; la red que la abastece es internacional”, fue una de las premisas expuestas por el fiscal, para graficar cómo las organizaciones criminales pueden operar territorialmente como parte de redes de alcance mucho mayor.
Municipios como blanco del crimen organizado
Uno de los principales focos de la exposición estuvo precisamente en los gobiernos locales y el riesgo de corrupción o captura institucional.
Castro Bekios advirtió que el soborno puede convertirse para estas organizaciones en una herramienta tan relevante como la violencia, al permitirles alterar reglas, facilitar operaciones ilícitas y acceder a espacios de decisión.
“En este contexto, las municipalidades adquieren especial relevancia, dado que constituyen uno de los primeros puntos de contacto entre el Estado y la ciudadanía y administran recursos, permisos, patentes, concesiones y servicios que pueden resultar de interés para organizaciones criminales”, manifestó.
De esta forma, los municipios aparecen simultáneamente como un blanco de las organizaciones criminales y una primera barrera de defensa frente a su avance.
Entre los principales vectores de riesgo mencionados durante la exposición se encuentran las compras públicas, las concesiones estratégicas y distintas actividades vinculadas a economías ilícitas fronterizas, como la minería ilegal, el contrabando y el lavado de activos a nivel local.
El fiscal planteó que, frente a este escenario, resulta necesario fortalecer las capacidades de los municipios para detectar tempranamente operaciones irregulares y mejorar la coordinación con los organismos encargados de la fiscalización y persecución penal.
Inteligencia de datos y control de compras
Entre las medidas propuestas se encuentra la incorporación de inteligencia de datos a los procesos de fiscalización, con el objetivo de identificar patrones que puedan dar cuenta de operaciones sospechosas.
En ese sentido, Castro Bekios apuntó a la necesidad de pesquisar eventuales fraccionamientos de compras y sobreprecios, además de establecer mecanismos de monitoreo sobre concesiones, obras y servicios municipales.
También planteó promover el uso del canal de denuncias de la Contraloría establecido por la Ley 21.592 como una herramienta para detectar eventuales irregularidades.
La preocupación no se limita, sin embargo, a casos puntuales de corrupción. La exposición también abordó los distintos niveles que puede alcanzar la captura del Estado.
Estos pueden ir desde prácticas de menor intensidad, como favores o conductas que terminan normalizando la ilegalidad dentro de una institución, hasta escenarios más graves, donde funcionarios o agentes legales son sobornados para modificar reglas o decisiones en beneficio económico de organizaciones criminales.
“En un nivel superior, la captura puede involucrar intimidación y coacción, con objetivos que trascienden lo estrictamente penal y buscan afectar el ámbito político y social, llegando incluso a comprometer instituciones encargadas de la persecución y administración de justicia”, sostuvo Castro Bekios.
Con todo, el fiscal regional recalcó que Chile aún no alcanza los niveles de infiltración institucional registrados en otros países. “No hemos llegado afortunadamente a esos niveles de infiltración como ha ocurrido en otros países”, concluyó.
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