La controversia abierta por el traslado de internos de alta peligrosidad tiene un antecedente que comenzó a escribirse en Arica en 2022. Fue allí donde la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota desarticuló a Los Gallegos, brazo operativo del Tren de Aragua que controlaba territorio, ordenaba asesinatos y mantenía una estructura criminal que siguió funcionando incluso después de que decenas de sus integrantes fueran enviados a prisión preventiva.
Ese caso, según el fiscal regional Mario Carrera, demostró que mantener concentrados en un mismo penal a líderes e integrantes de una organización criminal puede terminar fortaleciendo su capacidad operativa.
“Estos sujetos prácticamente se apoderaron del penal”, sostuvo Carrera en entrevista con Néstor Aburto en El Tema del Día, de BioBioTV y las plataformas de Bío Bío.
Sus declaraciones se producen en medio del debate generado por la denominada Operación Cancerbero, impulsada por el Gobierno del presidente José Antonio Kast para trasladar y segregar a internos considerados de alta peligrosidad en el Complejo Penitenciario La Laguna, en Talca.
La operación comenzó el 13 de agosto y contempló el traslado progresivo de cerca de 1.500 reclusos. El régimen de máxima seguridad considera celdas individuales, restricciones de desplazamiento, visitas sin contacto físico y medidas especiales para impedir que los cabecillas de organizaciones criminales mantengan el control de sus estructuras desde prisión.
Sin embargo, una resolución del Juzgado de Garantía de Iquique abrió un nuevo conflicto judicial. El magistrado Diego Reyes ordenó que tres integrantes del denominado clan Chen regresen desde Talca al penal de Alto Hospicio, mientras que un cuarto imputado deberá volver a Santiago Uno, principalmente por razones vinculadas con su arraigo familiar y el ejercicio de su derecho a defensa.
Los involucrados son investigados por asociación ilícita y lavado de activos en una causa relacionada con una estafa transnacional que habría superado los 180 millones de dólares. Gendarmería intentó mantenerlos en La Laguna argumentando que el recinto ofrece mayores condiciones de seguridad, infraestructura y segregación, pero esos antecedentes fueron desestimados por el tribunal.
El precedente de Los Gallegos
Carrera explicó que la discusión presenta dos escenarios jurídicos diferentes. Cuando existe una condena, Gendarmería posee atribuciones más amplias para determinar el establecimiento penitenciario en que una persona cumplirá su pena. El problema se presenta con quienes permanecen en prisión preventiva y, por lo tanto, conservan la calidad jurídica de inocentes mientras no exista una sentencia firme.
“Hasta antes de la causa de Los Gallegos era impensado que una persona cumpliera su prisión preventiva en un penal distinto del lugar donde estaba siendo juzgada”, afirmó.
Entre las razones consideradas históricamente se encuentran el arraigo familiar, la posibilidad de recibir visitas, la cercanía con el abogado defensor y la necesidad de trasladar al imputado al tribunal donde se desarrolla la causa.
Ese criterio comenzó a ser cuestionado cuando la Fiscalía de Arica consiguió detener, en operativos sucesivos, a más de 40 integrantes de Los Gallegos. En mayo de 2023, la investigación ya acumulaba 45 miembros de la organización en prisión preventiva, según informó entonces el Ministerio Público.
La concentración de los imputados en la cárcel de Arica tuvo consecuencias inmediatas.
“De una u otra manera influían en las otras personas que estaban ahí cumpliendo pena o esperando su sentencia”, señaló Carrera.
Las diligencias posteriores permitieron establecer que la organización mantenía una estructura financiera destinada a sostener a sus integrantes encarcelados. En sus libros de contabilidad aparecía un ítem específico para entregarles dinero, drogas y otros elementos.
La Fiscalía también detectó que desde el interior del penal se impartían órdenes para cometer asesinatos y otros delitos. Incluso, dos miembros de la organización fueron posteriormente condenados por conspiración para cometer un delito terrorista, luego de que se acreditara que planificaban instalar un artefacto explosivo desde la cárcel.
“Seguían operando totalmente desde el interior del penal y de una manera mucho más segura, porque ahora teníamos ciertos gendarmes que los cuidaban de otras redes criminales”, advirtió Carrera.
Separados según su jerarquía
La Fiscalía, Gendarmería y el entonces Ministerio del Interior impulsaron el traslado de los integrantes de Los Gallegos a distintos establecimientos penitenciarios del país. Inicialmente, varios de esos movimientos fueron revertidos por resoluciones judiciales, pero nuevos informes de seguridad y distintas acciones legales permitieron que la Corte Suprema respaldara la segregación.
Los imputados fueron distribuidos en recintos de Puerto Montt, Concepción, Rancagua, Santiago, La Serena y otras ciudades.
La decisión, recalcó Carrera, no fue adoptada al azar. Los internos fueron separados de acuerdo con su nivel de peligrosidad y la posición jerárquica que ocupaban dentro de la organización.
“Si usted me lo pregunta desde Los Gallegos, la respuesta es única: sí”, afirmó al ser consultado sobre la necesidad de segregar a los miembros de estructuras criminales.
No obstante, el fiscal aclaró que la medida no puede aplicarse automáticamente por el solo hecho de que una persona sea investigada por un determinado delito.
“Tampoco se trata de simplemente poner un delito determinado y que automáticamente se den ciertas condiciones. Yo creo que hay que regularlo”, señaló.
Cortes de fibra óptica y antenas Starlink
La dispersión de los imputados obligó a desarrollar las audiencias de manera telemática. La experiencia acumulada durante la pandemia, explicó Carrera, permitió realizar las comparecencias a distancia sin afectar las garantías procesales ni el derecho a defensa.
La organización intentó frustrar ese mecanismo.
Según relató el fiscal regional, miembros de Los Gallegos coordinaron cortes de las líneas de fibra óptica en las cercanías de los penales de Arica y La Serena para impedir la realización de las audiencias.
La respuesta del Ministerio Público fue instalar antenas Starlink en los distintos establecimientos penitenciarios donde se encontraban los acusados.
“Eso grafica el nivel de sofisticación de estas organizaciones, porque ellos querían efectivamente volver a la región”, sostuvo Carrera.
La modalidad telemática también permitió realizar el juicio oral contra la organización, que se prolongó durante casi un año, sin necesidad de concentrar nuevamente a todos sus miembros en Arica. En abril de 2024, la Corte Suprema suspendió el traslado a esa ciudad de los imputados recluidos en otras regiones debido a los riesgos de seguridad advertidos por la Fiscalía, Gendarmería y el Ministerio del Interior.
Finalmente, 34 integrantes de Los Gallegos fueron condenados por delitos vinculados con crimen organizado, homicidios, secuestros, tráfico de drogas, trata de personas y otros ilícitos.
“Es absolutamente relevante”
Carrera sostuvo que el control penitenciario es una herramienta esencial para combatir a las organizaciones criminales. La persecución penal, aseguró, no termina cuando sus integrantes ingresan a la cárcel.
“Nosotros no hemos dejado de tener las carpetas abiertas. Estamos permanentemente siguiendo lo que están haciendo al interior de las cárceles”, explicó.
Ese trabajo permitió obtener nuevas condenas contra miembros de la organización por delitos planificados o cometidos desde los establecimientos penitenciarios.
Consultado directamente sobre si la segregación y el traslado de internos contribuyen al trabajo de los fiscales, Carrera respondió: “Totalmente. Es absolutamente relevante”.
El persecutor advirtió, sin embargo, que todavía persiste un área gris en la legislación respecto de los imputados que se encuentran en prisión preventiva. A su juicio, deben definirse criterios objetivos que permitan compatibilizar la seguridad penitenciaria y el combate contra el crimen organizado con el arraigo familiar, las visitas y el contacto entre el imputado y su defensa.
“Hay derechos que hay que poner sobre la mesa. El tema del arraigo, de las visitas y de la relación con el defensor son cosas que hay que delimitar mejor para evitar este tipo de discusiones”, concluyó.
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