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El crimen organizado ya no solo disputa las calles. También busca información, protección y poder dentro del Estado. Para cerrar esa puerta, la dupla Manouchehri-Cicardini busca impulsar el delito de “traición institucional”, con penas de hasta 15 años de cárcel e inhabilitación perpetua.
La detención de un funcionario judicial acusado de filtrar información reservada a una banda narcotraficante volvió a encender una alerta que se instaló hace tiempo: el crimen organizado ya no busca únicamente controlar territorios, sino también penetrar las instituciones del Estado.
En medio de ese escenario, el diputado socialista Daniel Manouchehri prepara un proyecto que propone penas de hasta 15 años de cárcel e inhabilitación perpetua para autoridades y funcionarios públicos que utilicen sus cargos para colaborar con organizaciones criminales.
“Traición institucional” se llama la iniciativa promovida junto a la senadora Daniella Cicardini. Busca crear también un delito específico para castigar el financiamiento de campañas electorales y partidos políticos con dinero proveniente del narco y otras actividades criminales.
El texto será presentado en paralelo en el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados. Ambos parlamentarios se encuentran buscando respaldos para su ingreso, incluso sumar apoyos más allá de la oposición. La intención es levantar una señal transversal. Al menos en el papel, nadie debiera restarse.
“Traición institucional”
El proyecto parte de un diagnóstico: las organizaciones criminales ya no se limitan a disputar territorios, sino que buscan acceder a información reservada e instalar redes de protección dentro del aparato público.
“Chile cruzó un umbral. El crimen organizado ya no solo quiere controlar las calles, está penetrando el Estado. Ya hemos conocido decenas de casos de narcotráfico dentro de las instituciones encargadas de nuestra seguridad”, dice Manouchehri a BioBiochile.
Para enfrentar ese fenómeno, la moción, vista por este medio, propone modificar el Código Penal para incorporar el delito de “colaboración institucional con la criminalidad organizada”, denominado por sus impulsores como “traición institucional”.
La figura alcanzaría a autoridades y empleados públicos que ejecuten actos destinados a facilitar las operaciones de una asociación delictiva o criminal, colaborar con organizaciones vinculadas al narcotráfico o procurar la impunidad de sus integrantes.
La pena base sería de presidio mayor en su grado mínimo, es decir, desde cinco años y un día hasta 10 años de cárcel. A eso se sumarían multas y la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, sean o no de elección popular.
“La autoridad o funcionario que use su cargo para proteger al narco tendrá cárcel e inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos”, afirmó Manouchehri.
El texto no se limita a sancionar la entrega directa de información. También castiga al empleado público que, teniendo el deber legal de prevenir, denunciar, fiscalizar, investigar o impedir estas actividades, omita deliberadamente hacerlo para favorecer a una organización criminal.
Penas mayores en policías, inteligencia, cárceles y fronteras
El proyecto endurece las sanciones cuando la colaboración provenga de instituciones o áreas consideradas especialmente sensibles.
Este último punto conecta directamente con el caso del funcionario judicial detenido, quien habría advertido a una organización narcotraficante sobre diligencias y medidas intrusivas antes de que fueran ejecutadas.
Las penas también aumentarían si el funcionario solicita, acepta o recibe dinero, beneficios o cualquier otra ventaja a cambio de colaborar con la organización.
Dinero del crimen organizado en campañas y partidos
El segundo gran eje de la propuesta apunta al ingreso de recursos criminales a la política. La moción busca sancionar a candidatos y miembros de sus equipos de campaña que, conociendo su origen, reciban, administren o utilicen dinero, bienes, servicios o beneficios provenientes de actividades criminales. El castigo también alcanzaría a quienes transfieran o pongan esos recursos a disposición de una candidatura.
De aprobarse, se crearía así un tipo penal autónomo para el financiamiento de la actividad política con dinero del crimen organizado.
“Cuando el crimen organizado logra comprar a un funcionario, conseguir información reservada o financiar una campaña, deja de ser solamente un problema policial. Se convierte en una amenaza para la democracia”, advirtió Cicardini.
La senadora sostuvo que el objetivo es impedir que autoridades vinculadas a organizaciones criminales permanezcan dentro del aparato público.
“Quien trabaje para el narcotráfico no puede seguir representando ni trabajando para el Estado. Por eso estamos buscando un respaldo transversal, porque frente al crimen organizado el sistema político tiene que actuar unido y sin ninguna contemplación”, afirmó.
Manouchehri resumió así el principio detrás de la iniciativa: “Quien usa el poder que le dio la gente para proteger al narco traiciona al pueblo. Y esa traición se debe pagar con cárcel”.
El proyecto será presentado en paralelo en ambas cámaras del Congreso. Cicardini y Manouchehri se encuentran actualmente conversando con parlamentarios de distintos sectores para reunir respaldos transversales antes de su presentación.
