Pulso Ciudadano UDD: 63% aprueba la Ley Naín-Retamal pero tan solo el 34% la conoce

En una nueva edición de la encuesta Pulso Ciudadano-UDD, se abordó la Ley Naín-Retamal, normativa que aumentó las penas para quienes agreden o asesinan a funcionarios policiales. Cabe señalar que actualmente existen propuestas para modificarla.

En ese contexto, un 63% aprueba la ley, mientras que solo un 5% la desaprueba. De acuerdo con la medición, el respaldo es mayoritario en casi todos los segmentos, salvo entre quienes se identifican con la izquierda (41%) y la centroizquierda (46%).

Ante la pregunta: “¿Usted aprueba o desaprueba la Ley Naín-Retamal?”, la desaprobación no supera el 13% en ninguno de los grupos analizados.

Por otro lado, el mayor nivel de aprobación se registra en la centroderecha, con un 89%, mientras que en la izquierda alcanza un 41%. Además, un 32% de los encuestados no toma posición.

Ante la pregunta: “Si el Congreso votara mañana una reforma a la Ley Naín-Retamal, ¿qué cree usted que debería hacer?”, un 63% estima que debería fortalecerla, un 12% cree que debería mantenerse como está y un 9% considera que se deberían reducir sus protecciones.

Respecto de la propuesta de algunos parlamentarios del Partido Comunista (PC) de reducir las protecciones que la ley entrega a Carabineros y la PDI, un 60% se mostró en desacuerdo, mientras que un 17% manifestó estar de acuerdo.

Sin embargo, la ley sigue siendo poco conocida. Un 63% declaró haber escuchado hablar de ella, pero solo un 34% afirmó saber de qué se trata.

Respaldo policial y control del uso de la fuerza

Por otra parte, en relación con el combate a la delincuencia, un 47% priorizó un mayor respaldo legal para las policías, un 14% optó por mayores controles al uso de la fuerza y un 29% consideró que ambas medidas son igualmente importantes.

Entre quienes priorizan un mayor respaldo legal para las policías, un 73% corresponde a personas identificadas con la centroderecha, mientras que un 24% se identifica con la izquierda.

Asimismo, un 81% cree que un policía fuera de servicio que interviene en un asalto debe contar con la misma protección legal.