La Primera Sala del Tribunal Constitucional (TC) acogió la solicitud de suspensión presentada por la defensa del senador Miguel Ángel Calisto y paralizó temporalmente el procedimiento penal en su contra, congelando la causa mientras resuelve la admisibilidad del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ingresado por el parlamentario.
La resolución, dictada el jueves 23 de julio, dispone la suspensión “hasta el pronunciamiento en sede de admisibilidad”, decisión que impedirá que el proceso continúe mientras el TC define si admite a trámite la acción constitucional presentada por la defensa.
El requerimiento busca que el Tribunal Constitucional declare inaplicable una parte del Código Procesal Penal que establece que solo pueden ordenarse diligencias de reapertura cuando estas fueron solicitadas oportunamente durante el plazo de investigación. La defensa sostiene que esa disposición, aplicada al caso concreto, vulnera el derecho a defensa del senador.
“Estamos muy conformes con la resolución dictada el día de hoy, que suspendió el procedimiento penal seguido en contra del senador Calisto”, señaló el abogado del parlamentario, César Ramos.
Según el defensor, la suspensión era indispensable porque el próximo lunes 27 de julio estaba programada una audiencia en el Juzgado de Garantía de Coyhaique para discutir la reapertura de la investigación, instancia en la que debía aplicarse precisamente la norma cuya constitucionalidad cuestionan.
“Si no se suspendía el procedimiento, nuestro requerimiento perdía total eficacia porque ya habría sido aplicada la disposición legal que estamos pidiendo que no se aplique por tener efectos inconstitucionales”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que el TC optó por resolver primero la controversia constitucional. “Lo que ha hecho es darle primero una resolución a la contienda constitucional, resolver si nuestro requerimiento es admisible o no y, para que este no pierda eficacia, suspender el procedimiento penal hasta que el Tribunal Constitucional resuelva si el requerimiento es o no admisible”, agregó.
Fiscalía confirma suspensión de audiencia
Desde la Fiscalía Regional de Aysén indicaron que la resolución del Tribunal Constitucional implica que no se realizará la audiencia fijada para el lunes 27 de julio en el Juzgado de Garantía de Coyhaique.
En esa instancia se analizaría la procedencia de dos diligencias solicitadas por la defensa del senador y ya decretadas por el Ministerio Público, pese a que, según la Fiscalía, dichas solicitudes fueron formuladas fuera del plazo legal.
Reapertura de la investigación también frenó el desafuero
La resolución del TC se conoce días después de que el Juzgado de Garantía de Coyhaique ordenara reabrir por 60 días la investigación por fraude al fisco que enfrenta Calisto.
La causa se originó en 2021, tras una denuncia por un eventual fraude relacionado con el uso de asignaciones parlamentarias. La Fiscalía Regional de Aysén sostiene que existen antecedentes que vincularían al entonces diputado con un esquema mediante el cual recursos públicos habrían terminado beneficiándolo a través de contrataciones de asesorías. La defensa, en tanto, rechaza las imputaciones y asegura que los trabajos cuestionados fueron efectivamente realizados.
Durante las últimas semanas, la investigación dio un giro luego de que los coimputados Ronald Cárcamo y Carla Graff modificaran sus declaraciones. A juicio de la defensa, esos nuevos antecedentes hacían necesarias diligencias adicionales para desvirtuar la acusación, pese a que el Ministerio Público ya había cerrado la investigación y presentado acusación.
Fue precisamente ese escenario el que motivó la reapertura de la investigación por 60 días, decisión que también llevó a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt a suspender la audiencia en la que debía revisarse la nueva solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía, ya que el Código Procesal Penal exige que la investigación se encuentre cerrada para tramitar ese procedimiento.
A fines de junio, el Ministerio Público presentó acusación contra Calisto y otras siete personas, solicitando para el senador una pena de 12 años de presidio por un presunto fraude superior a $100 millones vinculado a asesorías parlamentarias. Además, el Consejo de Defensa del Estado interpuso una demanda civil para recuperar esos recursos, mientras que la Fiscalía presentó una nueva solicitud de desafuero, considerando que el parlamentario actualmente ejerce como senador.
En paralelo, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado deberán presentar sus informes ante el Tribunal Constitucional para solicitar que el requerimiento de inaplicabilidad sea declarado inadmisible. Será tras esa etapa cuando el TC deba resolver si admite o no la acción presentada por la defensa del senador.
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