Los abogados Leslie Sánchez, Jorge Correa Sutil y Jaime Gajardo, quienes representarán a parlamentarios opositores ante el Tribunal Constitucional, defendieron la decisión de recurrir al organismo y detallaron los argumentos contra la invariabilidad tributaria y las normas ambientales de la megarreforma. El tema de fondo, afirman, no es una disputa ideológica, sino, constitucional.

La oposición ya activó su última carta para intentar frenar parte de la denominada megarreforma del Gobierno. Tras ingresar los requerimientos al Tribunal Constitucional (TC), ahora comenzará la disputa jurídica por dos de los capítulos más controvertidos del proyecto: la invariabilidad tributaria y las modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Abogados de oposición defienden ofensiva contra megarreforma en TC

Quienes liderarán esa ofensiva comenzaron a explicar públicamente los argumentos que presentarán ante el máximo tribunal.

Se trata de los abogados constitucionalistas Leslie Sánchez (PL), quien representará a los senadores de oposición en el requerimiento por las normas medioambientales, y Jorge Correa Sutil (ex DC), patrocinante de la impugnación a la invariabilidad tributaria que también integra el exministro Jaime Gajardo (PC).

¿Qué cuestiona la oposición en el Tribunal Constitucional?

Invariabilidad tributaria: Permite que empresas que realicen determinadas inversiones accedan a un régimen que congela por 10, 15 o hasta 20 años ciertas reglas tributarias, impidiendo que futuras leyes modifiquen esas condiciones durante ese período.

Compensación por RCA anuladas: Establece que, si un tribunal deja sin efecto una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de un proyecto, su titular podrá solicitar al Estado una indemnización por los gastos directos, efectivos y no recuperables en que haya incurrido, bajo las condiciones fijadas por la ley.

Leslie Sánchez: reconoce el riesgo de recurrir al TC

La abogada Leslie Sánchez, exintegrante de la Comisión Experta del segundo proceso constitucional, estará a cargo de alegar el requerimiento presentado por los senadores de oposición contra las disposiciones ambientales de la megarreforma, entre ellas las que crean un régimen de indemnización cuando una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) es anulada por la justicia.

En entrevista con La Tercera, reconoció que el camino escogido por la oposición no está exento de riesgos.

“Estamos frente a un escenario que no deja de ser complejo. Asumimos que el riesgo de ir al Tribunal Constitucional siempre es alto. Tenemos fe en nuestro argumento”.

Sus declaraciones reviven un viejo debate sobre el rol del TC, organismo que durante años fue cuestionado por sectores de la centroizquierda por actuar como una “tercera cámara”. Consultada por ese punto, Sánchez defendió la decisión de recurrir al tribunal: “Las reglas del juego hoy día son estas, para bien o para mal”.

Y agregó que “Más allá de que a uno le encantaría que fuera otra fisionomía del tribunal, es lo que hay, y no por eso nos vamos a restar de utilizar las instituciones que existen y los mecanismos que hay. Sobre todo cuando percibimos y tenemos convicción jurídica de que aquí hay vicios de constitucionalidad”.

En esa línea, afirmó que el Tribunal Constitucional cumple precisamente la función de revisar si las mayorías parlamentarias respetan los límites que fija la Carta Fundamental:

“Buenamente, ellos tienen una intención, están tratando de ejecutar un programa de gobierno, una mirada bien ideológica en materia económica, y eso a veces puede nublar los horizontes y hacer olvidar, un poco, el marco en el que tú juegas. Y para eso está el Tribunal Constitucional y para eso se han creado los tribunales constitucionales en el mundo, guardianes de la Constitución que van a ser también un sistema de freno cuando otros órganos, con la mejor de las intenciones quizás, quieran realizar determinadas políticas públicas, pero que transgreden la Constitución”, cerró.

Correa Sutil: “La invariabilidad es contradictoria con la democracia”

El otro frente de la ofensiva opositora estará encabezado por el constitucionalista Jorge Correa Sutil, quien representa a los senadores que buscan declarar inconstitucional el mecanismo de invariabilidad tributaria incorporado en la megarreforma.

En conversación con Tele13 Radio, el abogado sostuvo que el principal problema de esa norma es que restringe la capacidad de futuras mayorías para modificar la legislación.

“Si una ley resulta invariable, eso es contrario a la democracia. Que una mayoría que ya no es obligue a una nueva mayoría y le impida fijar normas legales por 10, 15 o 20 años resulta contradictorio con el principio mayoritario y el de alternancia”.

Asimismo, el exsubsecretario advirtió que el mecanismo terminaría generando contribuyentes sometidos a regímenes distintos dentro de una misma actividad económica.

“La empresa que no tiene invariabilidad sufrirá un tributo diferente, y esa cuestión está prohibida por la Constitución. Eso hace imposible cambiar la ley misma, no solo el contrato”.

Incluso, sostuvo que el debate en el Tribunal Constitucional debería resolverse sobre la base de principios constitucionales y no de afinidades políticas.

“Esta no es una discusión entre sensibilidades de izquierda o derecha, ni entre liberales y conservadores. Es una discusión de adhesión al principio democrático”.

En la misma línea se manifestó el exministro de Justicia Jaime Gajardo (PC), quien también integra el equipo jurídico en el requerimiento por la invariabilidad tributaria.

En conversación con Radio Infinita, sostuvo que la controversia “es un tema estrictamente constitucional” y no una disputa política entre oficialismo y oposición.

“Ha dicho el Tribunal Constitucional que una de las expresiones por excelencia de la democracia es precisamente el desarrollo y el ejercicio legislativo continuo. Y para ello, se requiere que se mantenga la integridad de las potestades legislativas”, afirmó.

La pelota ahora está en el Tribunal Constitucional

Con estos dos aspectos centrales de la megarreforma se concretaron los requerimientos presentados por diputados y senadores de oposición.

Antes de entrar al fondo del asunto, el Tribunal Constitucional deberá resolver la admisibilidad de los requerimientos.

Si los declara admisibles, comenzará la etapa de alegatos en la que los abogados defenderán la tesis de la oposición frente al máximo intérprete de la Constitución.