En Chiguayante, región del Bío Bío, detuvieron a una mujer que estaba prófuga, siendo imputada por un ataque con bomba molotov en Punta Arenas, región de Magallanes.
Se trata de Nicole Anaís Martínez Alarcón, una mujer que se mantenía prófuga de la justicia y que había sido declarada oficialmente en rebeldía por los tribunales magallánicos desde agosto de 2024.
Martínez Alarcón está imputada por el Ministerio Público como la presunta autora material de un violento ataque incendiario que afectó a una residencia particular en Punta Arenas hace cinco años. Luego de registrarse su detención, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas procedió a desarrollar la correspondiente audiencia de formalización de cargos mediante la modalidad telemática.
Ataque incendiario en la Población General del Canto
Los hechos que dieron origen a esta causa penal se remontan a la madrugada del 23 de abril de 2021, aproximadamente a las 02:15 horas. Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía local en la audiencia de formalización, la imputada concurrió hasta un domicilio particular ubicado en calle Erasmo Escala N° 01190, en el sector de la Población General del Canto.
Una vez en el sitio, la mujer procedió a romper uno de los ventanales exteriores del inmueble de un nivel y arrojó al interior un artefacto incendiario del tipo bomba molotov. El elemento inflamable encendió un fuego que consumió rápidamente un colchón y se propagó velozmente por las cortinas y elementos textiles de la habitación.
La emergencia obligó al despliegue de tres unidades del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, cuyos voluntarios lograron sofocar el avance del fuego, evitando que las llamas consumieran la totalidad de la estructura. El siniestro causó daños materiales avaluados en una suma superior al millón de pesos, sin registrar personas lesionadas o víctimas que lamentar.
Reapertura de la causa y medidas cautelares
Durante el desarrollo de la comparecencia remota, la Fiscalía local le comunicó a la detenida que se le investiga formalmente por el delito de incendio en grado de desarrollo frustrado, atribuyéndole una participación en calidad de autora ejecutora.
Tras escuchar los argumentos de las partes, la magistrada Mónica Mancilla resolvió dejar sin efecto la declaración de rebeldía y el sobreseimiento temporal que pesaba sobre la imputada, decretando la reapertura inmediata del procedimiento penal.
Como medidas cautelares para asegurar el éxito de las diligencias y evitar una nueva fuga, el tribunal dictó el arraigo regional, quedando Martínez Alarcón con la prohibición absoluta de abandonar la región del Bío Bío.
Asimismo, se le impuso la medida de firma quincenal obligatoria en las dependencias de la Comisaría de Carabineros de Chiguayante. Finalmente, la jueza fijó un plazo de 60 días para el cierre de la investigación judicial.
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