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El Gobierno de José Antonio Kast destaca que la aceleración en la tramitación ambiental ha permitido la aprobación de 97 proyectos en sus primeros meses de gestión, proyectando la creación de 30.353 empleos y una inversión cercana a US$16.984 millones. La ministra Francisca Toledo asegura que no se han modificado los criterios técnicos ni se han reducido las exigencias ambientales, enfatizando que lo que ha mejorado es la gestión, no los estándares.
“Lo que ha mejorado es la gestión”, afirma la ministra Francisca Toledo.
Acelerar la tramitación ambiental se transformó en una de las cartas del Gobierno para impulsar la inversión y el empleo. Según el Ministerio del Medio Ambiente, los 97 proyectos aprobados durante los primeros meses de la administración proyectan una demanda de 30.353 trabajadores.
Mientras el Ejecutivo sostiene que la mayor rapidez responde a una mejor gestión y no a una flexibilización de las exigencias, diputados de la Comisión de Medio Ambiente cuestionan que se instale una disyuntiva entre crecimiento económico y protección ambiental.
30 mil empleos por proyectos aprobados: Gobierno niega rebaja de exigencias ambientales
El Gobierno de José Antonio Kast quiere instalar una idea: que destrabar proyectos también significa destrabar empleo. Y para eso ha puesto el acelerador en la tramitación ambiental.
En sus primeros tres meses de administración (11 de marzo y el 30 de junio) el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) aprobó 97 iniciativas que proyectan una demanda de 30.353 trabajadores durante sus etapas de construcción y operación, de acuerdo a lo declarado por las empresas durante la evaluación ambiental.
En total, las 97 iniciativas suman una inversión cercana a US$16.984 millones.
La región Metropolitana lidera con una demanda proyectada de 8.023 trabajadores, seguida por el Bío Bío, con 6.244, impulsado principalmente por la ampliación del Mall Plaza El Trébol. Más atrás aparecen Antofagasta (5.026) y Valparaíso (4.809).
La ministra Francisca Toledo puntualizó a BioBioChile que los 30.353 puestos corresponden a una proyección de mano de obra declarada por las empresas y no a empleos ya creados. Esa estimación, además, no es monitoreada posteriormente por el Estado.
Las cifras llegan en un contexto en que el Gobierno ha insistido en acelerar la tramitación de proyectos para impulsar la inversión y el empleo, una estrategia aplaudida por muchos, pero que también ha despertado reparos en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Ante esos cuestionamientos, Toledo descarta que exista una flexibilización de la evaluación ambiental, que se hayan modificado criterios técnicos o que se redujeran exigencias para aprobar las iniciativas:
– ¿Ha recibido el SEA instrucciones o lineamientos para privilegiar la aprobación de proyectos, considerando que el Gobierno ha puesto el crecimiento económico como una prioridad?
“No. El mandato siempre ha sido que las instituciones públicas cumplan adecuadamente la ley y desarrollen sus funciones con mayor eficiencia. En el caso del Servicio de Evaluación Ambiental, eso significa evaluar los proyectos con rigor técnico y resolver dentro de los plazos que la propia legislación establece, no aprobar más proyectos.”
– ¿Puede asegurar que en este Gobierno ningún proyecto ha sido aprobado con estándares ambientales inferiores pese a la presión por acelerar la inversión?
“No se modificaron los criterios técnicos ni se rebajaron las exigencias ambientales. Lo que ha mejorado es la gestión. Los estándares ambientales son los que establece la legislación vigente y esos estándares son los mismos para todos los proyectos, independiente del gobierno de turno”, zanjó la ministra.
Empleo sí, pero no a cualquier costo
La estrategia del Ejecutivo, sin embargo, es observada con cuidado. El diputado Jaime Bassa (Frente Amplio), integrante de la Comisión de Medio Ambiente, afirmó que el debate no debe plantearse como una elección entre crecimiento económico y protección ambiental.
“Nadie puede estar en contra de que se generen más empleos. El problema es cuando se instala la falsa idea de que para crecer hay que debilitar la institucionalidad ambiental”.
A juicio del parlamentario, “los proyectos necesitan certeza jurídica, reglas claras, participación ciudadana y evaluaciones técnicas serias”, agregando que “Chile no tiene que elegir entre empleo o protección del medio ambiente: el desafío es generar desarrollo sostenible, con altos estándares ambientales”.
Desde la otra vereda, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, el diputado Guillermo Ramírez (UDI), respaldó la estrategia del Ejecutivo y sostuvo que la generación de empleo debe ser una prioridad.
“Para el Gobierno el empleo es una prioridad, y estamos conscientes de que hoy día es cada vez más el problema que los chilenos consideran el más importante”.
Además, destacó el rol que ha tenido el Comité de Ministros para acelerar la resolución de proyectos: “El Comité de Ministros se ha juntado más veces que durante todo el gobierno del presidente Boric para destrabar proyectos y de esa manera generar más empleos”.
La discusión, sin embargo, trasciende las cifras de empleo. Mientras el Ejecutivo busca acelerar la aprobación de proyectos y defiende que no ha rebajado los estándares ambientales, también impulsa una reforma al SEIA para simplificar la “permisología”. No obstante, esta semana dio pie atrás y desistió de eliminar el Comité de Ministros y las Comisiones de Evaluación Ambiental (Coevas), aunque mantuvo su objetivo de agilizar el sistema al fijar un mínimo de diez sesiones anuales para ambas instancias.
