En el último tiempo, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) ha cobrado mayor relevancia en la agenda del Ejecutivo, en medio de los esfuerzos por atraer inversión, impulsar proyectos y generar nuevos empleos, en un contexto en que la tasa de desocupación nacional se mantiene cercana al 10%.
En ese escenario, el Gobierno puso especial énfasis en la reforma al SEIA, con el objetivo de agilizar la permisología y otros procesos administrativos, centrando los cambios en las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).
La propuesta original contemplaba, además, la eliminación del Comité de Ministros y de las Comisiones de Evaluación Ambiental (Coevas). Sin embargo, esta semana el Ejecutivo dio marcha atrás en esa medida y optó por mantener ambas instancias, aunque con la obligación de sesionar al menos diez veces al año.
Benjamín Muhr, abogado y director del estudio de derecho ambiental Moreno Sáez y Áviles, valoró la intención de reducir los tiempos de discusión para dar mayor agilidad al componente técnico. No obstante, advirtió que el alcance de la medida aún genera dudas, ya que estas instancias seguirán estando sujetas a consideraciones políticas.
“El organismo administrativo, el Servicio de Evaluación Ambiental, no es un organismo político, sí está bajo la supervigilancia del Ministerio de Medio Ambiente, puede haber una influencia, de todas maneras, del elemento político, es inevitable”, dijo a La Radio.
En el Congreso, la propuesta también ha generado diversas reacciones.
El diputado del PPD e integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Jaime Araya, valoró la disposición del oficialismo para debatir la iniciativa y sostuvo que el sistema debe contar con un mecanismo de resolución colegiado, similar al que existe en otros organismos reguladores del país.
“No puede ser una autoridad unipersonal quien resuelva las reclamaciones. Tiene que ser un organismo colegiado, al estilo de lo que es la CMF, lo que son los consejeros del Banco Central. Son distintas experiencias de institucionalidades colegiadas de gran calidad técnica que sirven para resolver controversias que son muchas veces de orden político”, expresó.
Desde el oficialismo también destacaron las instancias de diálogo impulsadas para avanzar en la agenda del Ejecutivo y agilizar los procesos administrativos. Así lo señaló la diputada republicana e integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Chiara Barchiesi.
“Los aspectos que hemos trabajado en las comisiones de Medio Ambiente tienen un objetivo claro: dar certeza jurídica y terminar con la permisología. Entonces, hay debate, ¿cierto?, en las formas en que podemos llegar a esos objetivos y el debate parlamentario está para eso, para ajustar esos detalles”, zanjó.
Cabe recordar que la reforma al SEIA forma parte del Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno, con el que se busca agilizar la tramitación ambiental para recuperar el interés de las empresas, fomentar la inversión y facilitar el desarrollo de nuevos proyectos en el país.
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