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La Asociación de Municipalidades de Chile advierte debilidades financieras, operativas y administrativas ante el eventual Registro de Vándalos e Incivilidades. El proyecto permitiría a los municipios revocar concesiones y denegar licencias a personas registradas, pero también implica financiar parte de la infraestructura necesaria. Alcalde de San Pedro de la Paz señala que exigir nuevas funciones sin más recursos puede afectar la autonomía municipal. Piden al Congreso considerar capacidades reales de los municipios para evitar que el Registro Nacional sea ineficaz.
Alertando debilidades financieras, operativas y administrativas, la Asociación de Municipalidades de Chile presentó una serie de alcances a la eventual entrada en vigencia del controversial Registro de Vándalos e Incivilidades.
El proyecto entrega a los municipios la facultad legal de revocar concesiones, patentes comerciales y permisos a las personas que figuren en este registro, además de denegar licencias de conducir y permisos de circulación.
Más problemáticamente, las municipalidades asumen la responsabilidad de financiar parte de la infraestructura tecnológica necesaria para la implementación del registro en los juzgados de policía local.
El alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spoerer, fue categórico: Exigir nuevas funciones tecnológicas y plazos de remisión de sentencias a los juzgados de policía local que ya operan al límite de sus capacidades, sin sumar nuevos recursos, puede afectar la autonomía municipal.
“Necesitamos que el Congreso pueda escuchar las capacidades operativas reales de nuestros municipios, ya que de lo contrario, creemos que el Registro Nacional correrá el grave peligro de nacer muerto o convertirse en un león sin dientes”, zanjó.
Durante el mes de julio y antes de la semana distrital, la Comisión continuará realizando audiencias de centros de estudio y otras autoridades municipales, con miras a votar en general la propuesta.
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