El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal del Gobierno informó los resultados del tercer reporte del denominado Plan de Inspección Total al Estado, señalando que se identificaron más de 1,4 billones de pesos en transferencias a fundaciones que no acreditan su rendición. Además, indicó que se instruirán cuatro nuevas investigaciones en el marco del plan y alertó sobre el aumento del uso del trato directo.
En su cuarta sesión, el comité resolvió instruir investigaciones específicas en los ministerios de Deporte, Energía, Agricultura y Salud, tras detectar antecedentes que requieren una revisión más profunda y la eventual determinación de responsabilidades.
Según señalaron, en el Ministerio del Deporte la investigación está centrada en el Instituto Nacional de Deportes, en materias vinculadas a la administración, transferencia y rendición de recursos públicos.
En el Ministerio de Energía, en tanto, la revisión se centra en la Agencia de Sostenibilidad Energética, considerando transferencias, rendiciones, contrataciones, ejecución de programas y cumplimiento de objetivos financiados con recursos públicos.
En el Ministerio de Agricultura, se instruyó investigar las transferencias de recursos a organismos ejecutores, revisando rendiciones, regularidad de compras y contrataciones, además del cumplimiento de objetivos y obligaciones por parte de dichos organismos.
Y, por su parte, en el Ministerio de Salud se solicitó investigar compras y contrataciones, incluyendo subsecretarías, servicios dependientes y entidades ejecutoras.
“Estamos avanzando en cada sesión, no solo en la detección de alertas, sino también en adoptar decisiones concretas. Cuando vemos antecedentes que requieren revisión más profunda, instruimos investigaciones, porque nuestro compromiso es proteger los recursos públicos y fortalecer los mecanismos de control del Estado”, dijo la subsecretaria de la Segpres y presidenta del comité, Constanza Castillo.
Hallazgos en transferencias a fundaciones
Ahora, respecto de los hallazgos sobre transferencias a fundaciones, desde el Gobierno indicaron que durante la administración anterior se identificaron más de 5,4 billones de pesos transferidos que debieron ser objeto de rendición. De ese total, más de 1,4 billones de pesos no acreditan su rendición. Los servicios con mayor proporción no rendida son el Sence, seguido del Servicio de Protección de la Niñez y la Subsecretaría de Agricultura.
Además, según consignaron, entre 2022 y 2026 se crearon 177 fundaciones que recibieron más de 11 mil millones de pesos sujetos a rendición. De ese total, más de 6.500 millones de pesos, es decir, cerca del 60%, no cuentan con rendición acreditada. Asimismo, en 79 de esas 177 nuevas fundaciones que recibieron fondos públicos no existe registro alguno de rendición.
“Cuando el Estado transfiere recursos a una fundación, no termina ahí su responsabilidad. La obligación pública continúa hasta que esos recursos estén correctamente ejecutados, respaldados y rendidos”, advirtió la subsecretaria Castillo.
No obstante, durante la presentación del reporte también precisó: “No afirmamos que en todos los casos exista fraude o delitos, pero sí afirmamos que hay señales de riesgo que el Estado no puede normalizar, y conductas que deben ser corregidas en función del buen uso de los recursos públicos“.
Además, advirtió que se seguirán investigando las transferencias, con énfasis en las fundaciones creadas entre 2022 y 2026 y en aquellas que registran un 0% de rendición. “En el caso de que se detecte una irregularidad, las vamos a derivar oportunamente a los organismos correspondientes y se lo haremos saber”, apuntó.
Y, consultada al respecto, dijo que “sí hay fundaciones que tienen relación con el caso Convenios“, reiterando que harán énfasis en investigar las transferencias a estas organizaciones.
Alerta por aumento del trato directo
Por otra parte, una nueva alerta detectada por el comité corresponde al uso intensivo del trato directo en distintos organismos del Estado. Se identificaron servicios donde más de la mitad de las compras se realizaron sin licitación pública, siendo los principales el Centro de Información de Recursos Naturales, el Servicio de Salud Sur y la Subsecretaría de Derechos Humanos.
El análisis evidenció además un aumento en la utilización de distintas causales para justificar las compras por trato directo, especialmente las de “proveedor único”, “confianza y seguridad” y “emergencia”.
Según consignan desde el Ejecutivo, esta última causal merece especial atención, porque su uso supera en un 17% lo registrado durante el período de la pandemia del Covid-19, razón por la cual se revisarán los antecedentes.
Avances de investigaciones ya iniciadas
El comité también revisó el estado de avance de las investigaciones instruidas en sesiones anteriores.
Respecto de Junaeb, señalaron que los antecedentes por más de $14.000 millones pagados en raciones de alimentos no entregadas ya fueron denunciados ante el Ministerio Público.
En el Ministerio de Transportes, sostienen que se ha regularizado más del 80% de los $30.000 millones heredados sin respaldo administrativo suficiente, pagando a proveedores y normalizando la cobertura de servicios de transporte tanto a nivel regional como nacional.
En el Ministerio de Ciencia, donde se acusaron más de $100.000 millones por incumplimientos en el programa Becas Chile y otras transferencias, se solicitó a la Contraloría General de la República la realización de una auditoría y, además, se instruyó al ministerio iniciar una auditoría interna.
Finalmente, en el Ministerio de la Mujer, concluyeron que durante las últimas semanas surgieron nuevas alertas que hicieron necesario ampliar el alcance de la investigación.
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