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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El senador Miguel Ángel Calisto quedó con arraigo nacional y prohibición de comunicarse con dos imputados en causa por fraude al fisco, que se amplió por 60 días. El monto del fraude ahora alcanza $105.554.697 millones. Se investiga su concierto con otros para obtener recursos de manera fraudulenta.

Este domingo el Juzgado de Garantía de Coyhaique determinó arraigo nacional para el senador Miguel Ángel Calisto y la prohibición de comunicarse con otros dos imputados en el marco de la investigación por fraude al fisco, que a su vez, se amplió por otros 60 días.

El Juez Mario Devaud Ojeda, a solicitud del Ministerio Público, determinó que el senador tiene como medida cautelar el arraigo nacional, además de no poder comunicarse con Roland Cárcamo Catalán y Carla Graff Toledo, que también están imputados en esta causa. Cabe recordar que la otra persona que esta en esta misma calidad es Felipe Klein Vidal.

En la audiencia de reformalización el Fiscal Regional de Aysén, Hernán Libedinsky Moscovich, efectuó una precisión en cuanto a los montos involucrados en este caso, los cuales ahora alcanzan los $105.554.697 millones de pesos, aumentando de los $103.664.697 indicados anteriormente.

Adicionalmente, “a solicitud de la Fiscalía, se amplió el plazo de investigación, decretándose en definitiva (otros) 60 días, toda vez que a la fecha se encuentran algunas diligencias pendientes que deberían llegar próximamente”, explicó el Fiscal Regional, Hernán Libedinsky Moscovich.

El delito imputado

Según afirma el Ministerio Público, entre 2018 y 2022, el entonces Diputado Miguel Ángel Calisto, se habría concertado con Roland Cárcamo y Carla Graff para obtener recursos de manera fraudulenta de parte del fisco.

Posteriormente, el Ministerio Público resolvió agrupar a esta causa original otras dos investigaciones por fraude al fisco. En esta segunda arista se trata de cuatro proyectos investigados, con montos superiores a los 32 millones de pesos.

La Fiscalía Regional de Aysén ha solicitado diligencias en estas causas a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI.