La defensa del senador Miguel Ángel Calisto abrió un nuevo flanco tras la acusación presentada por la Fiscalía por presunto fraude reiterado al fisco, que considera una solicitud de 12 años de cárcel.
Desde el equipo jurídico del parlamentario apuntan a un punto clave: el cierre de la investigación. Lo califican como prematuro, cuestionan el momento de la decisión y anuncian que intentarán revertirla antes de que la causa avance a juicio oral.
Los cuestionamientos de la defensa de Calisto a la Fiscalía
La jornada de este viernes tuvo un momento decisivo en la causa que enfrenta el senador independiente Miguel Ángel Calisto. El Ministerio Público presentó acusación en su contra y en la de otros siete imputados, en una investigación que, según la Fiscalía, da cuenta de un esquema de fraude reiterado al Fisco y fraude de subvenciones por más de $100 millones.
Para el senador, el escenario es complejo: la Fiscalía pidió una pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio.
Pero su defensa no solo cuestiona el fondo de la acusación. También pone el foco en el procedimiento.
El abogado César Ramos, representante del parlamentario, aseguró que la causa aún no está cerrada en términos reales. Y que ahí está el primer punto de disputa.
“Nosotros creemos que esta es una causa cuya investigación no se encuentra agotada. Nos llama poderosamente la atención el momento en que se toma la decisión de acusar y presentar la solicitud de desafuero”, señaló a Radio Bio Bio.
En esa línea, el jurista explicó que la estrategia inmediata será impugnar la decisión del Ministerio Público de cerrar la investigación. Un paso que, a su juicio, dejó a la defensa con poco margen de reacción.
“Desde ya, a lo que nos vamos a abocar en los próximos días es a cuestionar primero la decisión esencial del Ministerio Público, que es el cierre de la investigación”, afirmó.
Su argumento es que la Fiscalía no solo debe construir su caso, sino también permitir que la defensa lo desmonte. Y, según Ramos, ese equilibrio se habría roto.
“La Fiscalía debe investigar los hechos conforme a un principio de objetividad. La defensa tiene el derecho de cuestionarlos, refutarlos y solicitar diligencias de investigación que sean conducentes a desacreditar esos antecedentes en contra”, sostuvo.
El abogado enfatizó que la decisión se tomó en un lapso breve, lo que —a su juicio— afecta el desarrollo del proceso. “Acá tenemos evidencias, antecedentes y declaraciones que fueron tomadas el día martes, y tres días después tenemos una decisión de cierre, privando a esta defensa de la posibilidad de cuestionar esos antecedentes”, dijo.
Por eso, la ofensiva jurídica apunta a retrotraer el estado de la investigación. Si ese intento prospera, advierte, el resto del proceso podría cambiar por completo.
“Lo primero es que ese cierre no sea procedente, ya que existen diligencias pendientes importantísimas en la causa”, recalcó Ramos.
Pena de 12 años y el fondo del caso
Consultado por la magnitud de la pena solicitada por la Fiscalía, Ramos evitó entrar en la lógica del castigo. Su foco, insistió, no es la cifra, sino la base de la acusación.
“Más que una decisión de pena excesiva, nos parece que es una decisión que asume como cierta una tesis y una imputación de hechos que no tienen asidero ni correspondencia con la información recopilada”, afirmó.
La tesis del Ministerio Público apunta a un presunto mecanismo de asesorías parlamentarias ficticias. La defensa lo niega de plano. Según Ramos, existen antecedentes que demostrarían que la asesora cuestionada (Carla Graf) sí realizaba funciones reales. Incluso detalla que hay respaldo documental de su trabajo.
“Nosotros hemos aportado información que da cuenta de que la asesora cuestionada sí era asesora del parlamentario, que sí prestaba asesoría y que existe recopilación de su trabajo en la asesoría parlamentaria”, dijo.
Con ello, el abogado busca tensionar uno de los pilares de la investigación: la idea de que se trató de contratos sin servicios reales.
“Cuestionamos desde ya la premisa fundamental sobre la que parte la Fiscalía, que es que se trataba de una contratación de papel”, añadió.
Ofensiva antes del juicio
Más allá de la discusión sobre la acusación, la defensa ya anticipa su próximo movimiento: intentar reabrir la investigación o revertir su cierre antes del juicio oral.
Ramos lo plantea como un paso previo y decisivo. Una especie de antesala que podría definir el rumbo completo del caso. Si ese intento prospera, el defensor cree que la acusación misma podría quedar sin piso.
“Si esa decisión es revertida, lo que viene a continuación —la acusación y la solicitud de desafuero— deberían quedar también sin efecto”, concluyó.
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