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La contralora Dorothy Pérez reveló en la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados una denuncia de posibles pagos para agilizar trámites migratorios. Pérez aclaró que la Contraloría no puede perseguir penalmente, por lo que remitió los antecedentes al Ministerio Público.
La contralora Dorothy Pérez entregó este miércoles un nuevo antecedente en la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, en el marco del análisis del informe final del ente fiscalizador, que confirmó que el Servicio Nacional de Migraciones aplicó criterios excepcionales sin tener atribuciones legales para ello en el ingreso de niños haitianos a Chile.
En la instancia, la autoridad reveló la existencia de una denuncia que llegó a Contraloría contra una funcionaria de Migraciones, la que apuntaría a eventuales pagos para agilizar la tramitación de documentos.
El nuevo antecedente de Dorothy Pérez en caso de niños haitianos
Según explicó la contralora Dorohty Pérez, se trata de una acusación que señala que la funcionaria “habría agilizado -según indicaba la denuncia- la tramitación de documentos migratorios a cambio de pagos”.
Eso sí, fue enfática en aclarar los límites de la investigación administrativa del organismo que dirige. En ese sentido, explicó que no fue posible acreditar los hechos denunciados.
“La Contraloría no tiene facultades de persecución penal como le corresponden al Ministerio Público; la Contraloría puede hacer una investigación administrativa (…) entonces no tenemos todos los elementos para realizar la investigación que se requería”, señaló Pérez ante la comisión.
Pese a aquello, indicó que los antecedentes ya fueron derivados al Ministerio Público para que se realicen las diligencias correspondientes.
La información fue entregada en el marco de la misma sesión en que la comisión de Gobierno de la Cámara analizó el informe final de la Contraloría sobre el proceso de reunificación familiar de niños haitianos, investigación que detectó diversas falencias en la coordinación institucional, el control documental y la aplicación de la normativa migratoria.
El caso ha abierto un debate político y administrativo sobre el actuar del Servicio Nacional de Migraciones y las decisiones adoptadas en el período 2022-2025, con Luis Thayer como director del organismo, particularmente en relación con la flexibilización de requisitos para el ingreso de menores al país.
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