El Tribunal Constitucional escuchó este martes los alegatos por los requerimientos presentados por parlamentarios de oposición y de la Democracia Cristiana contra la Ley de Escuelas Protegidas. Tras ello, quedó en condiciones de adoptar una decisión en los próximos días.
La iniciativa, impulsada por el Gobierno, busca fortalecer la seguridad en los establecimientos educacionales y endurecer las sanciones frente a hechos de violencia escolar.
Sin embargo, los requirentes cuestionan la constitucionalidad de algunas de sus disposiciones, entre ellas, la revisión de mochilas y otras medidas de control al interior de los recintos educacionales.
Parlamentarios argumentan afectación a derechos fundamentales
Durante la audiencia, los representantes de los parlamentarios argumentaron que parte del articulado vulnera garantías fundamentales y excede los límites establecidos por la Constitución.
El abogado Pablo Sandoval, representante de los diputados requirentes, insistió en que las normas impugnadas afectan derechos fundamentales y no cumplen con criterios de necesidad ni proporcionalidad.
“Porque se vulneran los deberes de reserva legal; es decir, que sea una ley la que regula derechos fundamentales. En este caso, la vida privada, la libertad personal, el derecho a la educación, la libertad ante la ley”, afirmó.
Gobierno defiende equilibrio de la ley
En respuesta, la defensa del Ejecutivo sostuvo que el proyecto entrega herramientas concretas para prevenir hechos de violencia y proteger a estudiantes, docentes y asistentes de la educación.
El abogado del Gobierno, el exministro Juan José Ossa, defendió la constitucionalidad de la iniciativa y afirmó que sus disposiciones buscan resguardar derechos como la vida y la educación.
Además, insistió en que se mantiene un equilibrio adecuado entre seguridad y garantías fundamentales.
“Por un lado, se hacen cargo de una situación, pueden establecer alguna limitación; y por el otro, toma los resguardos necesarios para que se cumplan las garantías constitucionales”, planteó.
TC tomará decisión en los próximos días
Concluidos los alegatos, el pleno del Tribunal Constitucional quedó en condiciones de revisar los antecedentes y adoptar una decisión en los próximos días.
La resolución será determinante para establecer si el proyecto puede ser promulgado íntegramente o si alguna de sus disposiciones deberá ser corregida antes de convertirse en ley.
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