El peak de visas a haitianos en 2024 coincide con el programa de reunificación hoy bajo sospecha. Cifras oficiales evidencian un alza abrupta, con fuerte presencia de menores, en un proceso marcado por fallas de control y vacíos en la trazabilidad. La coordinación masiva para ingresar las solicitudes para el otorgamiento de visas, quién pagaba los USD 120 mil que costaría el arriendo de aviones para vuelos chárter desde Puerto Príncipe a Santiago abren nuevas interrogantes sobre la coordinación de estos ingresos. La Fiscalía podría entregar pistas ahora que se inició la investigación.

Mientras la Fiscalía comienza a levantar antecedentes respecto de menores haitianos cuyo paradero no ha podido ser establecido fehacientemente, las cifras oficiales evidencian que el año 2024 concentró el mayor número de residencias temporales concedidas a ciudadanos de ese país en el último cuatrienio.

De acuerdo con los registros administrativos del Servicio Nacional de Migraciones, entre 2022 y 2025 se otorgaron 28.522 residencias temporales a ciudadanos haitianos, siendo 2024 el año con el mayor volumen de autorizaciones.

Según información a la que tuvo acceso la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, las cifras son elocuentes respecto del impulso dado a la entrega de visados por reunificación familiar, en su mayoría dirigidos a menores de edad, cuyos padres habrían emigrado desde 2016 a Chile.

La evolución anual evidencia una curva difícil de explicar sin un factor externo relevante. Las cifras abren la interrogante sobre si existió un incentivo sistemático para gestionar ingresos o, como ahora indaga la Fiscalía, si detrás de estos movimientos operó una estructura orientada al traslado de menores desde Haití hacia Chile.

En términos concretos, en 2022 se otorgaron 6.804 residencias temporales. En 2023, la cifra descendió a 4.508. Sin embargo, en menos de 12 meses el número se disparó, alcanzando en 2024 un total de 10.412 visas entregadas por el Servicio Nacional de Migraciones.

En otras palabras, los permisos concedidos en 2024 más que duplicaron los registrados en 2023, convirtiéndose en el punto más alto del período analizado.

En 2025, último año completo del gobierno de Gabriel Boric, la cifra cayó a 6.808. Según explicó el entonces director de Migraciones, Luis Thayer Correa, tras advertencias internas y comunicaciones a organismos como la DGAC y la Policía de Investigaciones, en agosto de ese año se decidió suspender la entrega de visados por reunificación familiar.

Menores concentran la mayor parte

Otro elemento que genera preocupación es la composición etaria de los beneficiarios. Los datos muestran que el grupo de 17 años o menos representa, por amplio margen, el segmento predominante en la entrega de visados desde la oficina consular de Chile en Haití.

Al desglosar las cifras, 9.128 mujeres menores de edad recibieron residencias temporales, mientras que en el caso de los hombres la cifra alcanzó a 8.810.

En total, cerca de 18 mil menores de edad aparecen dentro de las autorizaciones concedidas entre 2022 y 2025. En segundo lugar se ubica el tramo entre 18 y 29 años, con 2.347 mujeres y 1.630 hombres, manteniéndose una mayor presencia femenina en casi todos los grupos etarios.

Las dudas abiertas

Los datos cobran especial relevancia tras el informe administrativo de la Contraloría, que detectó múltiples deficiencias en los procedimientos asociados a la reunificación familiar.

Entre las observaciones se incluyen falencias en la verificación de antecedentes de los menores, falta de información sobre quienes figuraban como tutores y dudas respecto de los vínculos de parentesco de las personas que los recibieron en Chile.

Incluso, fiscalizadores constataron que, al acudir a domicilios declarados, los menores no fueron encontrados, mientras que los ocupantes señalaron desconocer su paradero o negaron que vivieran en esos lugares.

¿Quién contrató los aviones?

Otra interrogante apunta a la logística del proceso. La tramitación masiva de visas habría requerido una coordinación compleja, que incluyó el traslado de menores en vuelos chárter cuyo costo puede superar los 120 mil dólares por operación.

Esto ha abierto la sospecha sobre la eventual existencia de una estructura organizada detrás del proceso, con posibles fines de lucro, sin que hasta ahora se haya identificado una entidad sin fines de lucro responsable de dichas gestiones.

Convenio Chile–OIM: trato fenecido

En este contexto, reaparece el rol de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que en 2018 firmó un acuerdo con el Estado de Chile para colaborar en procesos de reunificación familiar de ciudadanos haitianos.

Radio Bío Bío revisó ese convenio —remitido a la Unidad de Investigación por un auditor—, en el que se establece que la OIM efectivamente participó en la coordinación administrativa del proceso desde Haití, facilitando la tramitación de solicitudes y el vínculo con las autoridades chilenas.

Sin embargo, dicho acuerdo dejó de estar vigente pocos meses después de su implementación, en medio del progresivo deterioro institucional y de seguridad en Haití. Esta situación fue reconocida oficialmente por la actual administración diplomática del gobierno de José Antonio Kast.

A la luz de esta línea de tiempo, se desprende que durante el período en que se produjo el peak de visas por reunificación familiar —hoy bajo cuestionamiento— la OIM ya no estaba operando activamente en el proceso. En consecuencia, la tramitación y coordinación de estos ingresos habría quedado radicada exclusivamente en el consulado de Chile en Puerto Príncipe, sin el soporte del organismo internacional.

2014 – 2024

Según un informe del Servicio Nacional de Migraciones (2024), el crecimiento de la comunidad haitiana en Chile fue especialmente acelerado entre 2016 y 2018. Mientras en 2011 se registraban 1.641 personas, en 2018 la cifra llegó a 179.091. Al cierre de 2022, el total estimado alcanzaba 184.721 residentes.

El documento también señala que se trata de una población mayoritariamente en edad laboral, concentrada entre los 30 y 39 años, grupo que representa el 47,1% del total.

En cuanto a la distribución territorial, el 62,6% reside en la Región Metropolitana. Le siguen Valparaíso, con un 9,7%, y Maule, con un 7,4%. En regiones como Arica y Parinacota, Antofagasta y Magallanes, la presencia es marginal y no supera el 2% del total nacional.

Cabe precisar que este informe no incorpora el flujo registrado entre 2024 y 2025, periodo en el que se produjo el ingreso masivo de mujeres y menores de edad, varios de los cuales hoy son objeto de búsqueda por parte del Estado chileno.