El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), junto a la diputada Constanza Hube (UDI), entregaron al ministro de Justicia, Fernando Rabat, un proyecto de resolución aprobado por la Corporación que solicita al Presidente de la República instruir las medidas administrativas necesarias para revocar las pensiones de gracia otorgadas a personas con antecedentes penales en el contexto de los hechos de violencia ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019, apuntando al denominado estallido social.
La iniciativa surge tras los antecedentes dados a conocer por la Contraloría General de la República, que detectó que decenas de beneficiarios de estas pensiones registraban condenas y antecedentes por diversos delitos, además de observar inconsistencias en parte de los expedientes utilizados para la asignación de este beneficio.
Tras reunirse con Rabat, Alessandri señaló que “hemos venido a hacerle entrega formal al ministro de Justicia de un proyecto de resolución aprobado en la Cámara de Diputados por un amplio margen”.
Así, explicó que lo que hace la iniciativa es “solicitarle al Gobierno que las personas que recibieron pensión de gracia vitalicia en el contexto del estallido social, porque habían supuestamente recibido apremios ilegítimos o un maltrato del Estado, que además tienen antecedentes penales anteriores, simultáneos o posteriores a esa pensión, que pueda el ministro, a través de un decreto, anular esas pensiones”.
Diputados valoran encuentro con ministro Rabat
Luego, el presidente de la Cámara agregó que “el ministro, agradecido de que le hayamos traído el proyecto de resolución, va a estudiar cada uno de los casos y, por supuesto, que hemos conversado también de otro gran tema para este ministerio, que son los falsos exonerados“.
“Miles de personas que reciben una pensión vitalicia mientras el resto de Chile se aprieta el cinturón, miles de personas que reciben una pensión que no merecían o que mintieron para recibirla o que un parlamentario les da un certificado que los habilitaba a recibirla. Chile sigue haciéndole un cheque todos los meses a falsos exonerados y hoy día Chile también sigue haciéndole un cheque todos los meses a los pensionados a raíz del estallido social. Si tiene antecedentes penales, si decidió delinquir, todo Chile no tiene por qué pagarle una pensión”, afirmó.
Por su parte, la diputada Hube aseguró que “venimos ahora al Ministerio de Justicia por una razón precisamente de justicia. Es injusto que personas que tengan antecedentes penales, que personas que participaron además en todo lo que vivimos en el estallido social, hoy día además reciban un cheque por parte del Estado, recursos de todos los chilenos“.
El detalle del proyecto de resolución
En el detalle, la resolución solicita al Ejecutivo revisar y revocar todas las pensiones de gracia otorgadas a personas con antecedentes penales en el marco del denominado estallido social, fortaleciendo además los mecanismos de evaluación y control para futuras asignaciones.
La iniciativa recuerda que los informes conocidos durante los últimos años revelaron casos de beneficiarios con antecedentes por delitos graves, entre ellos estafa, tráfico de drogas, abuso sexual, robo con violencia, homicidio y violencia intrafamiliar, situación que generó una profunda preocupación ciudadana y motivó investigaciones por eventuales irregularidades en el proceso de asignación.
Asimismo, el texto plantea que estos casos se apartan de los objetivos establecidos en la legislación que regula las pensiones de gracia, cuyo propósito es entregar apoyo excepcional a personas que se encuentren en situaciones especiales de necesidad o mérito.
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