Comisión del Senado inicia debate de proyecto que busca prohibir uso de RRSS a menores de 14 años

La comisión de Educación del Senado inició la discusión de un proyecto que busca restringir el acceso de niños, niñas y adolescentes a las redes sociales. En específico, la iniciativa —que se encuentra en su primer trámite constitucional— propone prohibir el ingreso, registro y uso de estas plataformas a menores de 14 años.

La medida apunta a reducir los riesgos asociados al entorno digital, como el ciberacoso, la exposición a contenido inapropiado y los efectos que el uso excesivo de redes sociales puede tener en la salud mental, el desarrollo y el rendimiento escolar de los menores.

La propuesta se sustenta en diversos estudios que han alertado sobre el impacto de estas plataformas en las nuevas generaciones.

En este contexto, la ministra de Educación, María Paz Arzola, destacó la necesidad de avanzar en regulaciones que permitan enfrentar los efectos que las redes sociales tienen en el desarrollo de niños y adolescentes.

Mientras el proyecto avanza en la definición de aspectos clave para su tramitación, desde el mundo educativo y la sociedad civil surgieron distintas reacciones.

La fundadora y directora de la Fundación para la Convivencia Digital, Soledad Garcés, valoró la discusión, aunque advirtió que una eventual prohibición no puede implementarse de manera aislada y debe ir acompañada de medidas de educación digital y apoyo de las familias.

Desde la academia también existe una valoración positiva de la iniciativa, aunque con una advertencia común: la necesidad de contar con mecanismos efectivos de fiscalización.

La psicopedagoga y jefa disciplinar de Educación IACC, Christel Manterola, junto al investigador del Centro de Investigación para la Mejora de los Aprendizajes de la Facultad de Educación UDD, Brayan Díaz, plantearon que los menores podrían seguir accediendo a estas plataformas utilizando mecanismos alternativos, por lo que el principal desafío estará en garantizar el cumplimiento de la norma.

Las empresas que incumplan estas obligaciones podrían enfrentar multas de entre 500 y 2.000 Unidades Tributarias Mensuales, sanciones que incluso podrían duplicarse en caso de reincidencia.

Con este debate, Chile se suma a una tendencia internacional que ya ha impulsado regulaciones similares en países como Australia y que actualmente se discute en distintas partes del mundo.