Este viernes al mediodía, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago deberá resolver las medidas cautelares solicitadas para el exdiputado Joaquín Lavín León y su exasesor, Arnaldo Domínguez, tras extensas jornadas de formalización.
Antes de ello, este jueves, la defensa del exparlamentario y de Domínguez, enfrentó las réplicas finales de la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado y el municipio de Maipú. La jornada estuvo marcada por acusaciones cruzadas sobre el uso político de bases de datos, facturas ideológicamente falsas y tráfico de influencias.
El Consejo insistió en que las conductas atribuidas a ambos imputados no pueden entenderse por separado, afirmando que el presunto fraude al fisco requería necesariamente la intervención de un parlamentario.
En la misma línea, la fiscal Oriente, Constanza Encina, descartó que existiera colaboración sustancial por parte de Lavín y reforzó la tesis de una estructura coordinada para beneficiar campañas políticas y operadores vinculados al municipio de Maipú.
“Es una aplicación que tenía fines también comerciales, por cierto; de hecho, hay contratos con parlamentarios, con candidatos que rindieron estos servicios también al Servel. Que recibieron, por lo tanto, pagos por estos servicios. Eso tiene un nombre, señoría, y se llama comercializar”, planteó la persecutora.
La defensa de Domínguez y Lavín previo a conocer cautelares
La defensa de Arnaldo Domínguez, encabezada por Pablo Araya, respondió apuntando a la falta de pruebas directas que acrediten capacidad de decisión o intervención en contrataciones municipales, insistiendo en que su representado no tenía poder resolutivo dentro de la administración comunal.
“¿Tenía don Arnaldo la facultad de poder vetar o paralizar alguna decisión de los hechos? Claramente no, su señoría”, planteó.
En tanto, el abogado Cristóbal Bonacic, defensor de Joaquín Lavín León, volvió a cuestionar el perjuicio económico atribuido por la Fiscalía en el caso de las facturas de la imprenta MMG, asegurando que incluso una de las facturas observadas fue rendida por un monto menor al que correspondía.
“Resulta que el fraude al fisco tiene un elemento básico, que es el perjuicio. (…) El problema es que la factura que se rindió es por menor valor que la factura que debió haberse rendido; es decir, el señor Lavín está cometiendo un fraude al fisco por haberle ahorrado al Estado de Chile 37.100 pesos”, apuntó.
Así las cosas, este viernes se resolverá el futuro de Lavín y su exasesor, luego de que el Ministerio Público solicitara la prisión preventiva para ambos, petición a la que también se sumó el CDE.
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