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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El exministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, asistió a la Comisión de Vivienda del Senado para abordar el Informe N°421 de la Contraloría General de la República, defendiendo la política de gestión de suelo entre 2022 y 2026. Destacó que la Contraloría no mencionó "sobreprecio" ni identificó perjuicio fiscal, sino recomendaciones de mejora en procedimientos. Montes subrayó la importancia de adquirir terrenos bien ubicados y desestimó que la política implicara sobreprecios. Resaltó que la política de suelo es de largo plazo y no se basa en metas anuales. Además, respaldó la creación de un banco de suelo para el futuro y las medidas de corrección implementadas por el Ministerio de Vivienda.

El exministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, asistió a la Comisión de Vivienda del Senado, donde abordó el Informe N°421 de la Contraloría General de la República (CGR), destacando que este jamás utilizó la palabra “sobreprecio” y defendiendo la política de gestión de suelo impulsada entre 2022 y 2026.

En la previa y durante la instancia, la exautoridad subrayó que las observaciones formuladas por el ente fiscalizador corresponden principalmente a aspectos procedimentales y no a cuestionamientos de probidad, fraude o perjuicio fiscal.

Interpretar sobreprecio es como decir que el Estado está en quiebra: no es verdad. La Contraloría nunca habló de sobreprecio ni estableció perjuicio fiscal. Lo que hizo fue plantear observaciones de mejora de gestión y procedimientos en una política nueva, compleja y de largo plazo”, afirmó Montes.

El exsecretario de Estado recordó que el propio informe concluye indicando medidas administrativas a tomar a futuro, sin que se remitan antecedentes al Ministerio Público ni al Consejo de Defensa del Estado, descartando, por tanto, ilícitos o irregularidades.

“Todos los terrenos fueron adquiridos con tasaciones Serviu vigentes y, cuando correspondía, con tasaciones adicionales. Hablar livianamente de sobreprecio desconoce cómo funciona el mercado del suelo urbano y desconoce también el objetivo de esta política: evitar seguir expulsando a las familias más vulnerables a la periferia”, agregó.

Montes destaca adquisiciones durante su gestión y descarta sobreprecio

Montes añadió que una de las principales innovaciones de esta política fue avanzar hacia la adquisición de terrenos bien ubicados, cercanos a servicios, transporte y equipamiento urbano, superando décadas en que el Estado solo podía construir donde el suelo era más barato.

Comprar suelo céntrico cuesta más por metro cuadrado, pero genera una rentabilidad social muchísimo mayor y termina siendo más barato para el Estado y para las familias en el largo plazo“, aseguró.

“Cuando se construye lejos de la ciudad consolidada, el Estado después debe gastar enormes recursos en transporte, conectividad, servicios e integración urbana. Eso ya lo vimos en experiencias como Bajos de Mena”, agregó.

El exministro enfatizó, además, que la política de gestión de suelo no fue improvisada ni exclusiva de una administración determinada, sino una política de Estado, por lo que insistió en que “no es verdad que el informe de la Contraloría hable de sobreprecio. Esa palabra simplemente no existe en sus 149 páginas”.

“Esta política comienza a estructurarse durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera y se profundiza en el gobierno del presidente Gabriel Boric, especialmente tras la aprobación de la Ley 21.450, que entregó herramientas permanentes al Estado para gestionar suelo. Lo importante es entender que aquí hay una mirada de planificación urbana de largo plazo y no una lógica de corto plazo asociada únicamente a una meta anual de viviendas”, señaló.

“Banco de suelo para el futuro” y respuesta del Minvu

En esa línea, Montes aclaró que una parte importante de los terrenos adquiridos no estaba vinculada a proyectos inmediatos, ya que precisamente el objetivo era constituir un banco de suelo para el futuro.

“El Estado no puede seguir comprando terrenos solo cuando ya tiene el proyecto listo, porque llega tarde y termina pagando más caro o construyendo donde nadie quiere vivir”, afirmó.

“Esta política busca anticiparse, asegurar suelo estratégico y dejar capacidad instalada para futuras administraciones. No se compra solo para cumplir una meta del Plan de Emergencia Habitacional, sino para enfrentar el déficit estructural de vivienda del país durante los próximos años”, subrayó.

Montes destacó que el propio Minvu detectó y auditó internamente riesgos y debilidades antes de la intervención de Contraloría, implementando correcciones y mejoras durante el proceso.

“Fue una política pública innovadora, desarrollada en un contexto de alta presión habitacional y con un ministerio que estaba construyendo capacidades que no existían hace décadas. Lo relevante es que hoy el Estado queda con un banco de suelo de miles de hectáreas, herramientas institucionales nuevas y mejores estándares para continuar una política que Chile necesita”, indicó.

Montes y cuestionamientos a su probidad

Finalmente, tras la cita, el exministro destacó que “lo más importante es actuar a partir de los datos reales” y, sobre los ataques personales que ha recibido, dijo que “son muy dolorosos”, concluyendo: “Pueden acusarme de cometer errores en muchos momentos, pero de ahí a tratar de decir que somos responsables de determinadas cosas de probidad, por no haber hecho tal o cual cosa, yo creo que nosotros hemos sido muy cuidadosos, particularmente en el tema del suelo“.

Así, valoró la reunión en el Senado, que —dijo— “permitió que hubiera más información, más antecedentes y que no se quedara con ciertas cuñas que salen y que no necesariamente reflejan lo que los informes dicen”.