Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
El gobierno rechazó usar fondos públicos en gastos de la Oficina del Presidente Electo (OPE), justificando que dichos pagos estaban relacionados con el cambio de mando. La Contraloría llegó a revisar los desembolsos de enero a marzo de 2026. Se aseguró que no hubo gastos públicos en la OPE y se defendieron los pagos a miembros de esta oficina como parte del protocolo habitual en cambios de mando. Se detalló que en 2022 fueron 19 funcionarios, incluyendo a exministras como Izkia Siches, mientras que en 2026 fueron 11.
A través de un comunicado de prensa, desde el gobierno negaron el uso de recursos públicos en pagos de funcionamiento de la Oficina del Presidente Electo (OPE). En medio de la polémica, argumentaron que se trató de pagos asociados al cambio de mando.
En primer lugar, se refirieron a la llegada de un equipo de la Contraloría General de la República a las oficinas de la Dirección Administrativa de la Presidencia. Esto, con el objeto de revisar pagos efectuados a personal y otros gastos asociados con la Oficina del Presidente Electo (OPE) entre los meses de enero a marzo de 2026.
“Al respecto, señalar que no hay gastos públicos asociados a la Oficina del Presidente Electo”, expresaron desde Presidencia.
En cuanto a lo revelado por La Segunda, sobre pagos a integrantes de la OPE, desde el Ejecutivo se contestó: “Estos se realizaron en el marco del programa de cambio de mando, gastos que se han realizado en todos los cambios de mando recientes”.
“En 2022, el total de funcionarios que trabajaron en el proceso de cambio de mando fue de 19, incluyendo a las ex ministras Izkia Siches y Antonia Orellana, quienes desempeñaron funciones durante los meses de enero, febrero y marzo de 2022. En el 2026, el total de funcionarios que trabajaron en el proceso de cambio de mando fue de 11”, argumentaron.
Finalmente, concluyeron: “La Dirección Administrativa de la Presidencia colaborará con la Contraloría General de la República para proveer de los medios de información necesarios para el buen resultado de este cometido”.
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