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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Jaime Gajardo emplazó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por acusaciones de prohibir a abogados del Programa de Derechos Humanos intervenir en solicitudes de libertad de condenados por violaciones a DD.HH. Gajardo calificó la situación como gravísima y pidió explicaciones a las autoridades. Ex jefas del Programa Nacional de DD.HH. denunciaron un cambio de criterio en la política de cumplimiento de penas, implicando a condenados de la dictadura.

A través de su cuenta de X, el exministro Jaime Gajardo emplazó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a explicar la acusación en su contra, por el hecho de aparentemente haber prohibido a los abogados del Programa de Derechos Humanos intervenir ante solicitudes de libertad de condenados por graves violaciones a los derechos humanos.

“A nuestra sociedad le ha costado mucho que los criminales de lesa humanidad de la dictadura militar sean juzgados por la justicia y cumplan sus condenas”, escribió el ex secretario de Estado.

A lo anterior, Gajardo agregó: “Por lo mismo, lo que se denuncia es gravísimo y las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tienen que dar una explicación al país”.

“Bajo ninguna razón se pueden permitir subterfugios para imponer la impunidad”, concluyó el extitular de Justicia y Derechos Humanos.

Recordemos que fueron las ex jefas del Programa Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Magdalena Garcés, Tamara Lagos y Paulina Zamorano, quienes acusaron un cambio de criterio en la política de cumplimiento de penas. La situación implica directamente a condenados por graves violaciones a los derechos humanos (DD.HH.) durante la dictadura.

Según las tres abogadas, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, instruyó a través de la entonces jefa del Programa de Derechos Humanos, Constanza Garrido, que los abogados del programa no intervengan en audiencias donde se discutan rebajas de pena o cumplimientos alternativos.

Las denunciantes afirmaron que “esta falta de representación para las familias de las víctimas se aleja del propósito central del Programa y del marco jurídico nacional e internacional”.