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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Senadores de oposición impulsan la "Ley Steinert", que busca prohibir a exfiscales ocupar cargos políticos de confianza por al menos dos años. La iniciativa busca evitar politización en el Ministerio Público, evitando posibles nombramientos como una recompensa por decisiones previas. Surge tras el caso de Trinidad Steinert, actual ministra de Seguridad, quien dejó su cargo de fiscal regional en Tarapacá. Senadores señalan que buscan fortalecer la confianza pública en el sistema persecutor y evitar dudas sobre su actuar. Fiscal nacional y presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales piden considerar la experiencia de los exfiscales.

Una reforma constitucional impulsada por senadores de oposición —bautizada como “Ley Steinert”— busca establecer una inhabilidad de al menos dos años para que exfiscales puedan asumir cargos políticos de confianza, como ministros, subsecretarios, seremis o delegados presidenciales.

La iniciativa fue presentada por los senadores socialistas Gastón Saavedra, Fidel Espinoza; el comunista Daniel Núñez y la independiente Alejandra Sepúlveda, quienes apuntan a resguardar la independencia del Ministerio Público y evitar eventuales procesos de politización de sus funciones.

En el texto, los parlamentarios advierten que este tipo de nombramientos podría interpretarse como un “precio” o “recompensa” por decisiones adoptadas —o no— durante investigaciones penales, especialmente en causas que involucren a autoridades o figuras con relevancia política.

La denominada “Ley Steinert” surge, en parte, a raíz del caso de la actual ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien dejó su cargo como fiscal regional de Tarapacá para asumir en el Ejecutivo, en medio de cuestionamientos por su rol previo en investigaciones.

Ley Steinert: Buscan evitar “manto de dudas” en el actuar de fiscales

El senador Gastón Saavedra sostuvo que la propuesta apunta a fortalecer la confianza pública en el sistema persecutor.

En ese sentido, afirmó que la idea es “garantizarles a los chilenos y chilenas que su proceder será con buenas prácticas y, al mismo tiempo, en términos independientes”.

Asimismo, agregó que se busca evitar “que exista un manto de dudas respecto de su proceder”.

Reacciones desde el Ministerio Público y fiscales

Consultado por la iniciativa, el fiscal nacional, Ángel Valencia, señaló que espera que el Ministerio Público sea convocado para entregar su opinión durante la tramitación del proyecto.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, Patricia Ibarra, llamó a considerar el valor de la experiencia de quienes han ejercido como persecutores.

“Los fiscales somos servidores públicos, entonces si se valora la experiencia y poder aportar, yo creo que eso es lo que se tiene que tener en consideración”, sostuvo.

“Este es un proyecto que está partiendo y vamos a ver cuáles son los planteamientos y qué es lo que se discute en el Congreso”, añadió.

El proyecto se da en medio de cuestionamientos a la ministra Trinidad Steinert por gestiones realizadas ya en su rol como titular de Seguridad en causas en las que participó previamente como fiscal.

Esto ha marcado el inicio de su gestión, que ha quedado bajo escrutinio público, además de críticas por una eventual intervención en la salida de la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña.