La bancada de la UDI anunció este jueves la presentación de un proyecto de ley que busca extender la pérdida del beneficio de gratuidad en la educación superior a estudiantes universitarios que sean condenados por delitos graves, incluyendo a quienes actualmente ya cuentan con este financiamiento estatal, tras la agresión a la ministra Lincolao.
La iniciativa fue dada a conocer por el presidente de la comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados, Sergio Bobadilla, junto a sus pares Ricardo Neumann y Omar Sabat, tras la agresión que sufrió la ministra de Ciencias durante una actividad en la Universidad Austral de Chile.
En ese contexto, los parlamentarios gremialistas condenaron el “cobarde ataque” contra la secretaria de Estado y señalaron que lo ocurrido motivó reforzar su agenda en materia de seguridad dentro de los espacios educativos.
Asimismo, hicieron referencia al proyecto “Escuelas Protegidas” impulsado por el Gobierno, que incorpora una propuesta levantada por la UDI en 2019 y que plantea impedir el acceso a la gratuidad a estudiantes secundarios condenados por hechos violentos.
Sin embargo, a partir del episodio registrado en Valdivia, los diputados anunciaron que buscarán ampliar esa medida al ámbito universitario, estableciendo que quienes incurran en delitos graves también pierdan el beneficio, incluso si ya lo están recibiendo.
“Es completamente inaceptable que con los recursos de todos los chilenos se estén financiando los estudios de quienes, lejos de contribuir, se han dedicado a destruir la educación de nuestro país. La gratuidad no puede convertirse en un beneficio que esté desligado del comportamiento de las personas”, sostuvo Bobadilla.
En la misma línea, Sabat afirmó que “es plenamente coherente y de sentido común que dicha inhabilidad también se extienda a los estudiantes universitarios que hoy ya cuentan con gratuidad”.
De acuerdo a lo detallado por los legisladores, el proyecto incorporará una nueva causal de pérdida del beneficio para aquellos estudiantes que sean condenados por “delitos graves contra la vida, la integridad de las personas, la propiedad o la infraestructura pública”, en concordancia con la iniciativa presentada por el Ejecutivo.
Finalmente, Neumann recalcó que lo ocurrido con la ministra Lincolao constituye una señal de alerta que no se puede relativizar. “La violencia no puede tener cabida en ningún espacio, y menos en las universidades, que debieran ser lugares de diálogo y formación”, afirmó, agregando que la propuesta busca establecer “consecuencias claras” frente a este tipo de conductas.
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