La Comunidad Palestina de Chile expresó rechazo a la reciente aprobación, por parte del Parlamento israelí, de una ley que introduce la pena de muerte por ahorcamiento como sanción aplicable a palestinos, calificándola como un punto de inflexión de extrema gravedad.
Esto se suma a una polémica reciente en redes sociales, donde el representante del gobierno israelí en Chile publicó contenidos que fueron cuestionados por la comunidad palestina, aumentando las tensiones y llevando el conflicto al debate público en el país.
La organización advirtió que este tipo de acciones no solo empeoran el conflicto, sino que también afectan la convivencia en Chile y el papel que el país debe tener a nivel internacional.
Respuesta de la Comunidad Palestina de Chile
Por ello, la Comunidad Palestina de Chile respondió por medio de la misma red social a las publicaciones del representante del gobierno israelí en Chile, diciendo: “Cuando sus autoridades promueven una ley con una horca en la solapa, el problema no es comunicacional. Es moral”.
También señalaron que esta legislación, impulsada por Benjamin Netanyahu y su ministro Itamar Ben-Gvir, no es un caso aislado, sino parte de un conjunto de normas que, según ellos, se han usado para perseguir y castigar a los palestinos.
Además, afirmaron que es inaceptable que Israel pretenda ejercer jurisdicción penal sobre los palestinos en el Territorio Palestino Ocupado, Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza, lo que, según indican, carece de legitimidad conforme al derecho internacional.
Junto con ello, sostuvieron que la introducción de la pena de muerte empeora aún más la situación, ya que permitiría quitar la vida bajo un sistema legal basado en discriminación.
“Estamos frente a una señal clara de radicalización que no solo se expresa en el ámbito militar, sino también en la construcción de un marco legal que legitima la exclusión y la ejecución de palestinos. Esto vulnera principios básicos del derecho internacional y de la dignidad humana”, señalaron.
Finalmente, hicieron un llamado al Estado de Chile a actuar con coherencia en su política exterior, evitando acciones que validen medidas que vayan en contra del derecho internacional.