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El diputado Cristián Contreras, del Partido de la Gente, conocido como Dr. File, presentó una reforma para que las Fuerzas Armadas tengan un rol coadyuvante en el resguardo del orden público y seguridad interior. La propuesta en trámite constitucional busca establecer un estatuto permanente de coadyuvancia. Según el parlamentario, la delincuencia desafía la capacidad policial, proponiendo que las FFAA brinden apoyo en labores de logística y presencia territorial, permitiendo a Carabineros y PDI enfocarse en tareas penales y civiles.
Desde el Partido de la Gente (PDG), el diputado Cristián Contreras —también conocido como Dr. File— presentó una reforma constitucional para asignar a las Fuerzas Armadas un rol coadyuvante en el resguardo del orden público y la seguridad interior del país.
La iniciativa se encuentra en primer trámite constitucional y pasó a la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Concretamente, la reforma modifica el Capítulo XI de la Carta Fundamental para establecer un estatuto permanente de coadyuvancia de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior y el orden público.
A juicio del parlamentario, “Chile enfrenta una mutación del fenómeno delictual” que “ha sobrepasado la capacidad operativa de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, cuya dotación se encuentra estresada por la multiplicidad de funciones (investigación, patrullaje, control de fronteras y custodia de infraestructura)”.
Cabe precisar que actualmente la participación militar en el orden público es excepcional. El Artículo 32 N° 21 de la Constitución —incorporado por la Ley N° 21.542— faculta al Presidente de la República para el resguardo de infraestructura crítica, pero bajo una lógica de emergencia.
“La idea matriz de esta reforma es actualizar la misión constitucional de las Fuerzas Armadas, permitiéndoles actuar de manera permanente, subsidiaria y coadyuvante en el mantenimiento del orden público y la seguridad interior”, señala el proyecto.
Agrega que “el objetivo es maximizar las capacidades del Estado (logística, tecnología y presencia territorial militar) para apoyar a Carabineros y la PDI, permitiendo que estas últimas se enfoquen en la persecución penal y el control civil, sin necesidad de recurrir constantemente a estados de excepción o prórrogas legislativas temporales”.
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