La Bancada de diputados del Partido Nacional Libertario (PNL) informó que inició la recolección de firmas para presentar una Acusación Constitucional en contra de la exministra de Salud, Ximena Aguilera. La decisión surge a raíz del informe de Contraloría que reveló antecedentes sobre la atención médica que recibió la madre de la exautoridad en el sistema público de salud y donde existió un “telefonazo” de uno de sus asesores.
El diputado Cristóbal Urruticoechea, explicó los fundamentos para la AC. “Como bancada del Partido Nacional Libertario estamos estudiando una Acusación Constitucional contra la exministra de Salud por la posible vulneración del artículo octavo de la Constitución, que habla sobre el principio de probidad; del artículo 11 de la ley que fija las bases generales de la administración del Estado por haber faltado al control jerárquico sobre su jefe de gabinete; y el artículo 62 de la misma ley que prohíbe a todos los funcionarios públicos aprovecharse de su posición pública para obtener favores indebidos”, señaló el parlamentario.
De acuerdo con la información proporcionada por el organismo fiscalizador, se habrían registrado gestiones por parte del entonces jefe de asesores del Ministerio de Salud para alertar al Hospital del Salvador sobre la llegada de la madre de la exministra. Estas coordinaciones internas habrían derivado en una atención considerablemente más rápida que la de otros pacientes en condiciones similares, según concluye el informe de Contraloría, que no encontró razones que justificaran este trato preferente.
Diputados cuestionan falta de igualdad ante la ley en la atención de salud
Desde la Bancada del PNL recalcaron la gravedad de los hechos dados a conocer. “Es una vergüenza para el país, sobre todo para quienes han muerto esperando una consulta o una operación. Aquí se habría producido un uso indebido de la autoridad para un acto completamente antiético”, afirmó el diputado Urruticoechea.
El legislador por el Bío Bío indicó que “tras una consulta interna, al menos 7 de los diputados de nuestra Bancada respaldarían la posibilidad de avanzar en esta acción, por lo que ahora buscaremos reunir las firmas necesarias que nos faltan para concretar esta Acusación Constitucional contra Aguilera”, concluyó.
Los antecedentes que motivaron esta evaluación política se desprenden de un informe reservado de 32 páginas de la Contraloría General de la República, al que accedió la Unidad de Investigación de Bío Bío. El documento detalla la intervención de Manuel Nájera De Ferrari, jefe de asesores de la entonces ministra, quien tomó contacto con altas autoridades del Hospital del Salvador para informarles “anticipadamente” sobre el arribo de la madre de la secretaria de Estado a ese recinto.
Contraloría detectó coordinaciones internas y atención sin justificación médica
Según consta en el documento de la CGR, el 23 de diciembre de 2025, a las 10:00 de la mañana, Nájera De Ferrari “se comunicó a través de diferentes medios” con los directores del Hospital del Salvador para informarles sobre la identificación de la paciente, la condición de su salud y su traslado a la Unidad de Emergencia. A raíz de estas comunicaciones previas, al interior del hospital se establecieron “coordinaciones internas” entre la directora subrogante, el jefe de Unidad de Emergencia y la enfermera del mismo departamento.
El informe revela que el asesor se entrevistó personalmente con la directora subrogante aproximadamente a las 14:30 horas, informándole que la ministra de Salud arribaría a ese recinto asistencial. La Contraloría estableció que esta intervención podría infringir el artículo 62 de la Ley N° 18.575, que regula el principio de probidad administrativa, el cual impide que un funcionario público utilice su tiempo de trabajo o su posición para beneficio propio o ajeno a la institución.
En menos de seis horas desde esas gestiones, la madre de la exministra Aguilera ya estaba admitida, chequeada y con exámenes en trámite. “No se advierten motivos que justifiquen la atención preferente de la paciente, por lo que la situación descrita no se condice con el derecho a la igualdad ante la ley, garantizado en el artículo 19, N° 2, de la Constitución Política de la República”, reza el escrito del organismo fiscalizador.
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