Evalúan financiar expulsiones con fondos previsionales de migrantes que ingresaron de forma irregular

La semana del presidente José Antonio Kast comenzó en Arica, lugar donde dio el puntapié inicial al Plan Escudo Fronterizo, una estrategia que contempla medidas como el cierre total de la frontera, la instalación de barreras físicas y tecnológicas, sanciones más severas y un amplio despliegue militar y policial.

Se trata de una propuesta anunciada durante su campaña, que incluye la construcción de muros o vallas de hasta cinco metros de altura, sensores de movimiento, vigilancia mediante drones, zanjas de tres metros de profundidad, cercos electrificados, patrullajes y radares térmicos, entre otras herramientas.

Gestión legislativa y administrativa

La política de “combate a la emergencia de la migración” no se limita al control territorial, puesto que el Ejecutivo busca complementar con otros dos ejes: el legislativo y el administrativo.

En el Congreso, ya se avanzó con el ingreso de urgencias a diversas iniciativas vinculadas a esta materia, destacando el proyecto que busca tipificar como delito el ingreso irregular al país.

En el plano administrativo, se está a la espera de que Frank Sauerbaum (RN) asuma la dirección del Servicio Nacional de Migraciones para iniciar la implementación de la estrategia.

Según información recabada por La Radio, el foco del exdiputado estará puesto en reforzar las fiscalizaciones en terreno, con el objetivo de sancionar no solo a migrantes en situación irregular, sino también a empleadores que los contraten fuera de la normativa.

Para ello, se proyecta un trabajo coordinado entre el Servicio Nacional de Migraciones, la Dirección del Trabajo (DT), la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio de Impuestos Internos (SII), con el fin de agilizar los procesos y avanzar en las expulsiones.

Recordemos que, de acuerdo con cifras de la PDI y el INE, existen cerca de 330 mil migrantes en situación irregular en Chile. De ellos, 182 mil fueron empadronados por la administración anterior, y dentro de ese grupo, unos 6 mil han cometido delitos en territorio nacional.

Uno de los puntos más controvertidos de la propuesta es el financiamiento de las expulsiones. Tal como planteó el presidente Kast durante la campaña, estas podrían ser costeadas por los propios migrantes, utilizando sus fondos previsionales.

Esto se basa en que, según el decreto 3.500, los migrantes irregulares que han trabajado formalmente cuentan con un rut provisorio y han realizado cotizaciones, lo que abre la posibilidad de acceder a esos recursos.

Al respecto, la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, señaló que todas las medidas están siendo evaluadas y deberán definirse en conjunto con las distintas carteras involucradas en la gestión migratoria.

Procesos de nacionalización pendientes

Otro de los puntos que complica es la situación de los procesos de nacionalización pendientes.

Actualmente, existen cerca de 120 mil trámites en espera, además de 23 mil ya tramitados que solo requieren una firma para concretarse.

Sobre este escenario, Sauerbaum advirtió que existen deficiencias administrativas que deben ser subsanadas, lo que exige una coordinación de varias instituciones.

Por otro carril corre el plano diplomático, una arista de la que está encargada la Cancillería y que no solo contempla el avance de un corredor humanitario, sino que también un acuerdo con Venezuela para poder materializar las expulsiones.