El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó el proyecto de un cable submarino entre China y Chile, que provocó la revocación de visas de tres funcionarios de Gobierno por parte de Estados Unidos. Al respecto, negó que se haya ocultado que la iniciativa tuvo un avance y luego retrocedió.
En entrevista con radio Duna, el secretario de Estado fue consultado por lo informado por El Mercurio, que reveló que el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, firmó el decreto que otorgaba la concesión a la iniciativa, pero el documento fue dejado sin efecto dos días después, en medio de revisiones técnicas y administrativas.
Sobre ello, destacó que Muñoz, en entrevista con 24 Horas, ya había hablado de que en un momento se retrajo el avance del proyecto tras recibir la información de EE.UU. Además, subrayó que “esto está en una etapa inicial. Son 13 las que tiene que cumplir un proyecto de esta naturaleza (…) 13 etapas de las cuales la primera es esta, y en eso hemos sido explícitos”.
“El ministro fue explícito al señalar que esto estaba precisamente en etapa de estudio, porque es precisamente la etapa en que se encuentra, porque efectivamente un acto administrativo se consolida —en este caso, por no ser un decreto exento— en el momento en que se toma razón por la Contraloría General de la República, y esto ni siquiera se envió a la Contraloría General de la República. Y lo que el ministro estableció fue que se estudiaran antecedentes adicionales sobre la base de la información que se le había proporcionado”, explicó.
De esa manera, descartó cualquier ocultamiento de información por parte del Gobierno, afirmando que lo publicado por El Mercurio ya se había dado a conocer por Muñoz en 24 Horas, aunque sin precisar por qué no se comentó antes.
Elizalde critica sanciones de EE.UU.
Tras ello, Elizalde recalcó que las sanciones estadounidenses son —para el Gobierno— “injustificadas e inexplicables“. Pues “no se había adoptado una decisión formal a través de un acto administrativo que así lo corroborara, y eso es un dato”.
“El punto es que Chile es soberano y, por tanto, nosotros podemos recibir todo antecedente, pero lo tenemos que analizar en el marco de nuestra institucionalidad con las instituciones correspondientes, que son las instituciones chilenas. Y una vez que se adopta una decisión, esa decisión se comunica”, sostuvo.
“Nunca hay que despreciar lo que manifieste un gobierno con el cual nosotros tenemos relaciones diplomáticas, pero se evalúa en el marco de nuestra institucionalidad. No se puede considerar como ofensivo que se diga: ‘Bueno, usted me ha propuesto este antecedente, lo tengo que verificar en el marco de mi propia institucionalidad’. Por eso nos parece que la decisión es injustificada“, agregó.
Ahora, ante los cuestionamientos de por qué no se informó que el proyecto había avanzado —y se retrotrajo— antes, y que se dio a conocer justo cuando se publicó en El Mercurio, Elizalde admitió que la publicación del periódico pudo coincidir con lo que se dijo en 24 Horas, y replicó que lo que se había dicho antes no es excluyente de lo ahora conocido.
“(Se dijo) que este es un proyecto que estaba en una etapa preliminar. Estaba en una etapa preliminar porque ni siquiera superaba la primera etapa. En segundo lugar, que no había una decisión formal. La decisión formal se verifica desde el momento en que toma razón la Contraloría y se verifica desde el momento en que se envía un decreto a la Contraloría. Eso no aconteció. Tercero, que estábamos analizando los antecedentes, porque cuando cualquier persona manifiesta un punto específico respecto a un determinado proyecto, lo que corresponde es que uno lo analice en su mérito, y lo analiza en el marco de las instituciones chilenas”, concluyó.
Enviando corrección, espere un momento...
