Habitar el cargo: Kast conduce el país como si aún tuviera que conquistar el poder

Hay una diferencia profunda entre ganar una elección y habitar un cargo. La primera se resuelve en una noche, frente a las cámaras y los votos contados. La segunda se construye día a día, en gestos, palabras y decisiones que tienen una sola exigencia: representar a todos, incluso a quienes no votaron por uno. Dos meses después del 11 de marzo, esa diferencia se ha vuelto el problema central de la administración de José Antonio Kast.

Parece que el presidente todavía no se da cuenta de que es presidente de todos los chilenos y chilenas, y de que ya no está en campaña como lo estuvo durante los últimos doce años. Bienvenida fue su condena, este domingo, a la agresión física contra el diputado Javier Olivares. Y vaya que estuvo bien: la violencia jamás puede ser un método de acción política, y un jefe de Estado tiene el deber de decirlo —usando sus propias palabras— “sin peros ni ambigüedades”.

Pero ese deber, una vez ejercido, obliga. Y aún estamos esperando que el mismo presidente condene, con la misma claridad y la misma urgencia, las amenazas de muerte que ha recibido nuestro diputado Jaime Araya, mensajes realizados por personas abiertamente afines al gobierno.

Y el problema de esto no es menor: pareciera que en el criterio del presidente hay violencias condenables y violencias tolerables, según de qué lado venga el palo. Y eso no es presidir: eso es seguir polarizando.

Este episodio no es aislado. Ya antes de asumir, durante el período de transición, Kast tensionó la relación con el gobierno saliente al punto que se le pidió públicamente dejar de actuar como un activista de oposición y entender su lugar. Lo dijeron en marzo. Hoy, en mayo, la advertencia conserva una vigencia incómoda.

Habitar el cargo significa, entre otras cosas, comprender que las palabras del presidente pesan distinto. Cuando el Presidente de la República descalifica al adversario, divide al país y, peor aún, autoriza tácitamente a otros a llevar esa división al territorio más peligroso. No es una sutileza estilística: es la diferencia entre conducir y agitar.

Y a eso se suma una verdad que incomoda hasta en el oficialismo: Los signos de improvisación que han marcado estas primeras semanas —la disputa pública entre el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y el de Hacienda, Jorge Quiroz; las polémicas mal contenidas en torno a la Ley de Humedales; los vacíos en nombramientos regionales tras el cambio de mando; o el menosprecio por la investigación— son síntomas del mismo problema: un gobierno que aún no se piensa como gobierno. Incluso desde su propio sector lo han advertido, a través de personeros como Evelyn Matthei, el diputado Diego Schalper o Pablo Longueira.

Y aquí conviene poner el dedo en una llaga mayor. Lo que estamos viendo no es una originalidad chilena: es un libreto que ya se ha visto.

La fórmula es la misma que ha aplicado Javier Milei en Argentina y Viktor Orbán en Hungría. Construir un enemigo interno permanente —los comunistas, los progresistas, “la casta”, los sindicalistas, los jueces, la prensa crítica—; gobernar por confrontación más que por construcción; presentar megaproyectos como paquetes indivisibles para evitar la deliberación; debilitar a los cuerpos intermedios; usar la cuenta personal del presidente como tribuna de combate.

Es una receta, no una coincidencia. Y suele terminar mal: en Argentina, con una sociedad fracturada, un Congreso vapuleado por insultos presidenciales y una economía sometida a experimentos cuyo costo lo pagan los más vulnerables. En Hungría, con un Estado de Derecho erosionado, prensa concentrada en manos afines al poder y una democracia que la propia Unión Europea clasifica como “iliberal”.

Pero Chile no es Argentina ni Hungría, y conviene recordar por qué. No somos Argentina porque nuestra economía, con todos sus problemas, no está hundida en una hiperinflación que sirva como coartada para medidas extremas en nombre de la urgencia; nuestras instituciones macroeconómicas son sólidas, autónomas y respetadas, partiendo por un Banco Central independiente que ha sido orgullo de gobiernos de todos los signos.

No somos Hungría porque no tenemos —y nuestra Constitución no permite— mayorías parlamentarias avasalladoras capaces de reescribir las reglas del juego desde el poder. Tenemos un Tribunal Constitucional, una Contraloría autónoma, un Poder Judicial independiente, una prensa plural y una sociedad civil densa y organizada. Tenemos, sobre todo, una memoria reciente —dolorosa, larga— de lo que ocurre cuando se debilitan las instituciones. Esa memoria es nuestra mejor inmunidad democrática, y conviene tratarla con respeto.

Chile no es un país sin historia política. Chile es el país de los acuerdos, de las transiciones negociadas, de la moderación buscada incluso después de los peores momentos. Es el país que en 1990 reconstruyó la democracia con paciencia, que ha rechazado dos proyectos constitucionales precisamente porque no se reconocía en los extremos, y que sigue exigiendo a sus dirigentes el oficio difícil del diálogo. Quien quiera importar libretos foráneos a este suelo se va a encontrar con que el suelo es distinto.

Kast ganó con holgura, tiene legitimidad democrática y respaldo legislativo. Y, sin embargo, conduce como si todavía tuviera que conquistar el poder. Esa ansiedad —la del candidato que no se baja del escenario— le hace un flaco favor a su propio proyecto. Porque el liderazgo presidencial no se mide en réplicas filosas en X ni en frases que provocan, sino en capacidad de construir Estado.

Desde el PPD hemos sido claros: seremos una oposición seria, dispuesta al diálogo, exigente cuando corresponda y leal con las instituciones. Esa es nuestra función democrática. Pero ninguna oposición puede sustituir aquello que sólo el presidente puede ofrecer: un horizonte común.

Si el adversario del jefe de Estado es siempre interno —el comunista, el progresista, el diputado que presenta indicaciones, el funcionario público, el gobierno anterior—, no queda espacio para la chilena o el chileno que simplemente espera respuestas.

Aún hay tiempo. La cuenta pública del 1 de junio es una oportunidad para cambiar el registro. Pero ese cambio no se decreta: se practica. Se debe dejar atrás la lógica del pleito diario y asumir lo que todavía no se ha asumido del todo: que ya no se es candidato, ni dirigente partidario, ni jefe de campaña. Se es presidente de Chile. Y serlo, de verdad, significa habitar el cargo.