Diputados de Renovación Nacional (RN) ingresaron un oficio a la Contraloría General de la República (CGR) solicitando la instrucción de una investigación especial para auditar y fiscalizar el actuar del Instituto de Previsión Social (IPS).
Esto bajo el contexto de la suspensión y extinción errónea de la Pensión Garantizada Universal (PGU) que habría afectado a un número significativo de personas mayores durante el segundo semestre de 2025 y enero de 2026.
En la misiva, los parlamentarios advierten que el IPS inició un proceso de revisión de los requisitos de mantención del beneficio utilizando información migratoria proporcionada por la Policía de Investigaciones (PDI), concluyendo de manera incorrecta que miles de beneficiarios habrían permanecido fuera del país por más de 180 días.
A raíz de ello, se dictaron resoluciones que determinaron la extinción del derecho a la PGU a contar del 1 de enero, generando un impacto económico directo en adultos mayores.
Señalaron que uno de los aspectos más graves es que al menos 13 mil personas podrían haber sido afectadas por la suspensión o extinción del beneficio sin haber salido del país. Incluso, se reportan casos de adultos mayores que no cuentan con pasaporte ni con registros de viajes al extranjero.
En este contexto, la bancada cuestiona el procedimiento impuesto por IPS para revertir estas decisiones, ya que obliga a los adultos mayores a gestionar certificados ante la PDI y concurrir a oficinas de ChileAtiende para corregir una situación que, sostienen, fue generada por la propia administración del Estado.
En el oficio, los diputados subrayan que esta situación vulnera principios básicos del derecho administrativo, como el debido proceso, la racionalidad y la correcta actuación de los órganos públicos.
Asimismo, recuerdan que los errores administrativos no pueden recaer en el derecho de las personas a percibir beneficios de seguridad social.
Finalmente, los parlamentarios advierten que se trata de una situación de carácter masivo, originada en el uso de información presuntamente errónea o desactualizada, que dejó a miles de personas mayores sin el beneficio.
Por ello, solicitaron formalmente a la CGR auditar el actuar del IPS y los mecanismos de coordinación con la PDI, con el fin de establecer responsabilidades y resguardar los derechos de los adultos mayores afectados.
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