A pocas horas de concluir el año 2025, cerca de tres mil trabajadores en las Corporaciones de Asistencia Judicial fueron notificados del término de la extensión del régimen de teletrabajo, decisión adoptada por sus respectivas jefaturas.
La medida generó un amplio rechazo entre las organizaciones funcionarias, quienes valoraban este beneficio por la flexibilidad que otorgaba, especialmente a quienes desempeñan labores de cuidado de niños, personas mayores o en situación de dependencia.
Desde los equipos afectados cuestionaron duramente la determinación, señalando que vulnera normas básicas del derecho laboral, en particular aquellas que resguardan la vida familiar y la conciliación entre el ámbito personal y laboral.
En ese contexto, no descartaron emprender acciones legales frente a una decisión que, aseguran, impacta directamente en su calidad de vida más allá del espacio de trabajo.
La Federación Nacional de Acceso a la Justicia (Fenadaj) criticó la forma en que se adoptó la decisión y la situación de indefensión en que quedan quienes atienden las necesidades jurídicas de los sectores más vulnerables del país.
Además, sus dirigentes enfatizaron que la decisión contradice diversos tratados internacionales, convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) e incluso la propia Constitución Política de la República, que, según indicaron, consagran “el principio de trato digno y la protección de la vida familiar de las y los funcionarios públicos”.
Finalmente, desde la Federación señalaron que, en medio del debate por el reajuste del sector público, resulta indispensable continuar hacia una ley de teletrabajo para quienes lo requieran, con el fin de evitar resoluciones arbitrarias y decisiones discrecionales por parte de las jefaturas.