Los diputados UDI, Felipe Donoso y Juan Manuel Fuenzalida, anunciaron que tras el receso legislativo de esta semana, buscarán reactivar en el Congreso un proyecto de ley que la bancada presentó en mayo de 2007, que prohíbe a las exautoridades de Gobierno trabajar en empresas que pertenezcan al mismo sector que tuvieron que supervisar en su gestión.
Al respecto, los parlamentarios gremialistas recordaron que la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado ya contempla una inhabilidad de ese tipo, pero sólo durante los primeros seis meses desde que dejan el cargo. En cambio, el proyecto de la UDI busca ampliar dicha prohibición hasta los 12 meses, como una forma de reducir los posibles conflictos de intereses que podrían existir.
Si bien la inicia va fue archivada en 2017, Donoso y Fuenzalida calificaron como “fundamental” poder retomar su tramitación, ante el próximo término de la actual administración y la posibilidad de que las autoridades salientes ingresen al mundo privado.
Así, uno de los casos que los UDI pusieron como ejemplo fue el del exministro Diego Pardow, por los eventuales nexos que pudo haber generado con el sector energético.
“La actual inhabilidad de seis meses que existe en nuestro país es absolutamente insuficiente, porque no logra evitar los posibles conflictos de intereses que se puedan generar. Un exministro, cualquiera que sea, no puede a los seis meses pasar a trabajar a la misma industria que durante su gestión tuvo que fiscalizar. Eso va en contra de los principios básicos de probidad y de transparencia, por lo que
creemos que es indispensable establecer un resguardo mucho mayor, de doce meses o incluso más, para así garantizar que ninguna autoridad actuará pensando en sus intereses futuros”, manifestaron.
El emplazamiento de los diputados UDI al Gobierno
Para avanzar en lo anterior, los diputados Donoso y Fuenzalida solicitarán que dicho proyecto pueda ser desarchivado y comience a tramitarse en la comisión de Gobierno Interior, donde recayó en 2007.
En ese sentido, ambos parlamentarios insistieron en que el único propósito de la iniciativa es “fortalecer los resguardos de nuestra institucionalidad y evitar que quienes integran la administración del Estado terminen tomando decisiones que puedan favorecerlos personalmente”, descartando que el proyecto busque limitar el ejercicio profesional de las actuales autoridades, pues -argumentan- “se trata de una norma permanente que no sólo regirá para este gobierno, sino que también para los futuros”.
En caso de que finalmente sea desarchivada, los integrantes de la Bancada UDI llamaron al Ejecutivo a “demostrar su verdadero compromiso con la probidad” y otorgar urgencia al proyecto.
“El Gobierno, pero especialmente esta administración, que ha prometido tener un estándar moral superior al resto, debería adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que ninguna autoridad utilizará su cargo para beneficiarse personalmente. Ya hemos visto casos, en este periodo, donde algunos se han aprovechado de su posición para favorecerse. Por lo tanto, si realmente quieren predicar con el ejemplo, estos son los proyectos que deberían apoyar”, concluyeron.
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