El Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú instó a Chile a “proteger” a la familia de Julia Chuñil, dirigente mapuche desaparecida hace un año en la región de Los Ríos, y confirmó un “riesgo razonable” para su núcleo inmediato tras “evidencias de hostigamiento, estigmatización y amenazas continuas”.
La resolución del Comité, un órgano que promueve la implementación del acuerdo y que con este comunicado insta por primera vez a un Estado parte a tomar medidas de esta naturaleza, se dio luego de que el hijo de la víctima, Pablo San Martín Chuñil, presentará un alegato por el incumplimiento de Chile en materia de seguridad y derechos humanos de defensores ambientales, contenida en el Artículo 9 del tratado regional.
San Martín Chuñil requirió al organismo y aseguró que “en su calidad de familiar directo de una persona defensora actualmente desaparecida, ha sido objeto de acciones intimidatorias y hostigamientos, y alega estar en riesgo de represalias en su contra y sobre su entorno familiar”.
En la misma comunicación, el Comité señaló que el riesgo aumenta “debido a la falta de adopción de medidas adecuadas, eficaces y oportunas para prevenir, investigar y castigar los ataques, amenazas e intimidaciones cometidos” contra la familia de Chuñil.
Recomendación al gobierno chileno
En ese contexto, el Comité recomendó al Gobierno adoptar las “medidas necesarias” para proteger a la familia inmediata de Chuñil, incluyendo la investigación de hostigamiento policial denunciado por sus hijos, así como otras formas de discriminación penal o judicial.
Cabe recordar que a mediados de octubre, el fiscal nacional, Ángel Valencia, confirmó que “hay distintas hipótesis que se están investigando” sobre la desaparición de la defensora ambiental, pero evitó dar detalles de la investigación por su “carácter reservado”.
“De momento, como es públicamente sabido, algunas se orientan a la interpretación de que habrían participado terceros en la desaparición y posible muerte de la señora Chuñil”, sostuvo entonces Valencia.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina y el único del mundo que contiene disposiciones específicas sobre la protección de activistas.
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