La Defensoría de la Niñez manifestó su “profunda preocupación” por las eventuales consecuencias negativas que el proyecto de ley que modifica la responsabilidad penal adolescente podría tener en los procesos de reinserción social. La institución alertó sobre su limitada efectividad para reducir el comportamiento delictivo y para proteger a las víctimas.
Los análisis técnicos del organismo, basados en estándares internacionales de derechos humanos, concluyeron que el proyecto no es efectivo para solucionar el problema de fondo en materia de seguridad pública. La Defensoría insistió en que lo más relevante es avanzar en políticas públicas basadas en evidencia que promuevan soluciones estructurales.
En esa línea, uno de los aspectos críticos que identificó la entidad dice relación con que la iniciativa legal no considera el vínculo entre el aumento de delitos cometidos por adolescentes y el crimen organizado. Según datos del Ministerio Público, muchos adolescentes son captados por bandas criminales integradas por adultos.
“Esta dinámica no se resuelve con el aumento de penas, ya que dichas organizaciones pueden reemplazar rápidamente a los jóvenes reclutados, e incluso intensificar la captación de niños y niñas de más baja edad”, señaló la Defensoría por medio de una declaración pública.
Enfoque que contradice la reinserción social
Para garantizar justicia efectiva a las víctimas, la Defensoría de la Niñez afirmó que es indispensable abordar los nudos críticos de la investigación penal. El organismo ha observado en el caso de adolescentes una disminución en las sentencias condenatorias y una alta proporción de causas archivadas provisionalmente.
La institución sostuvo que para evitar la impunidad se requiere fortalecer los procesos investigativos que permitan identificar a los infractores y asegurar el cumplimiento de las sanciones. Este punto lo consideró fundamental para una respuesta efectiva.
Respecto a la reinserción social, eje central del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, la Defensoría afirmó que el proyecto no omite las acciones encaminadas a su implementación, sino que contradice su objetivo. Puso como ejemplo que el aumento de penas para delitos graves de 8 a 10 años no modifica el escenario actual.
“El aumento de penas puede consolidar trayectorias delictivas”, advirtió la institución. Enfrentar esta problemática exige, a su juicio, reconocer las trayectorias de vida de los adolescentes que han cometido delitos.
Los datos detrás de las trayectorias de vida
Un estudio del Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica y UNICEF (2023) evidenció que quienes han cometido delitos provienen mayoritariamente de contextos de inestabilidad familiar. El 70% sufrió separación o ausencia parental y un 48% fue testigo o víctima de violencia intrafamiliar.
El organismo agregó que estas personas también enfrentan interrupciones educativas, delincuencia intergeneracional y precariedad material. El 45% convivió con personas privadas de libertad y muchas estuvieron expuestas al consumo problemático en el entorno familiar.
“Estas condiciones impactan directamente en su desarrollo emocional, vinculación social y percepción de la violencia”, indicó la Defensoría. La revisión de evidencia internacional que realizó el organismo no respalda el aumento de penas como medida efectiva para reducir la comisión de delitos.
En cambio, la institución señaló que “sí se ha demostrado que estrategias como la disuasión focalizada —patrullaje estratégico, seguimiento personalizado y encuentros con responsables del cumplimiento de sanciones— son más eficaces”.
Llamado a mirar las causas estructurales
Para la Defensoría de la Niñez no es posible avanzar en soluciones sin fortalecer la política social dirigida a la preadolescencia y adolescencia. En esa línea, resultó prioritario ampliar la cobertura del programa Chile Crece Contigo más allá de los 9 años, tal como lo establece el artículo 85 de la Ley de Garantías.
La institución pidió robustecer los programas de prevención que consideren las experiencias recurrentes de los jóvenes: precariedad material; inestabilidad residencial; violencia doméstica; bajo nivel educativo y delincuencia intergeneracional. Muchas de estas condiciones se vinculan a maltrato, negligencia o pobreza.
Iniciativas como el fortalecimiento del programa Lazos en todas las comunas del país, o la creación de escuelas de reingreso con acompañamiento psicosocial, han demostrado ser efectivas y deben ser parte de la respuesta estatal, según el organismo.
Finalmente, la Defensoría de la Niñez hizo un llamado a las y los parlamentarios a abordar el fenómeno delictivo adolescente con una mirada integral. Solicitó que se consideren sus causas estructurales y no se limite solo a respuestas punitivas.
“Es urgente perseguir y sancionar al crimen organizado que instrumentaliza a niños, niñas y adolescentes, y evaluar junto al Ministerio Público las mejores estrategias para fortalecer la investigación penal”, concluyó la institución.
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