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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Durante su Cuenta Pública 2025, el presidente Gabriel Boric anunció la transformación de Punta Peuco en un penal común, reviviendo el intento fallido de Michelle Bachelet en 2018. La expresidenta intentó cerrarlo al final de su mandato, pero el ministro de Justicia de entonces se negó a firmar el decreto argumentando ilegalidad. A pesar de la orden presidencial, el cierre no se concretó, generando controversia en su gestión.

El presidente Gabriel Boric anunció en su Cuenta Pública 2025 que el recinto de Punta Peuco en la región Metropolitana se transformará en un penal “común y corriente”, lo que hizo que algunos recordaran el frustrado cierre del recinto penal por parte de Michelle Bachelet en el 2018.

Cabe recordar que hablamos de Punta Peuco, que actualmente alberga a condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar de 1973-1990.

Cuando Michelle Bachelet quiso cerrar Punta Peuco, pero no pudo

A pocas horas del término de su segundo mandato presidencial, Michelle Bachelet intentó concretar una de las promesas más simbólicas de su gestión: cerrar el penal de Punta Peuco.

Sin embargo, el decreto que permitiría su clausura jamás fue firmado. “Yo cerré, di la orden. No se pudo. No me hicieron caso”, relató la exmandataria en entrevista con CNN Chile, aludiendo directamente al entonces ministro de Justicia, Jaime Campos.

Los hechos ocurrieron entre el 10 y 11 de marzo de 2018, justo antes de que Bachelet entregara la banda presidencial a Sebastián Piñera, según se relata en el libro “Punta Peuco, la historia desconocida”, del ex director de Gendarmería Claudio Martínez, recogido por Ex-Ante.

El día previo al cambio de mando, Campos fue citado a una reunión en La Moneda con la jefa de gabinete Ana Lya Uriarte. Allí se le solicitó firmar el decreto que daría curso al cierre de la cárcel ubicada en Til Til, pero se negó rotundamente.

Alegó que no conocía el contenido del documento, que no había sido elaborado por su ministerio. También advirtió que firmarlo en ese momento sería ilegal, ya que, según su interpretación, el mandato de la Presidenta había concluido a medianoche.

La tensión subió al día siguiente. Campos regresó temprano a La Moneda, donde fue nuevamente presionado por Uriarte y, finalmente, por la propia Bachelet, ya vestida para la ceremonia de traspaso, para firmar el documento de cierre de Punta Peuco.

Rechazó todo acto administrativo, señalando que violaba su conciencia y los principios legales. “Mi conciencia me impide hacerlo”, le habría dicho a Bachelet antes de bajar a la tradicional foto oficial del gabinete, donde se le vio apartado.

La versión de Campos

La versión de Campos fue más tarde reafirmada en entrevistas y declaraciones públicas. Negó haber recibido el decreto en tiempo y forma, e insistió en que, aunque la decisión política hubiese existido, no se había ejecutado legalmente.

En un vídeo dirigido a personas ligadas a la Logia Masónica, el ex ministro de justicia confirmó que fue él quien se negó a firmar un decreto relativo al traslado de los reos de Punta Peuco.

“A horas de la transmisión de mando, ¿puede alguien obligarme a ejecutar actos que violenten mi conciencia y que violenten la Constitución y las leyes?” dijo en el registro audiovisual.

Finalmente, el penal Punta Peuco no fue cerrado, y el episodio se transformó en una controversia más de la segunda administración de Bachelet. Un cierre que se ordenó, pero que nunca se ejecutó.