Casi desde el día uno en que la Contraloría General de la República dio a conocer su informe en que develó que 25.078 funcionarios públicos viajeros al exterior del país aún estando con licencias médicas, las renuncias de aquellos que ocupaban altos cargos fueron dándose como una bola de nieve, esquivando así los sumarios.
Para evitar esta “impunidad administrativa”, la bancada de diputados RN representada por sus jefes Miguel Mellado y Carla Morales, ofició a la contralora Dorothy Pérez para que requiera información de los sumarios instruidos por los jefes de servicio y que “instruya a todos los órganos de la Administración la retención de la renuncia de sujetos individualizados” en el documento del órgano contralor, el pasado 20 de mayo.
Los parlamentarios destacan que tras conocerse el Informe Consolidado de Información Circularizada N°9 de 2025, provocó una serie de renuncias, “particularmente de sujetos en cargos directivos u otros de alto perfil político o vinculados con personeros de gobierno”. Renuncia que no obstante “pudiese ser vista como un acto de reconocimiento o de justicia, supone una salida que permite evadir procedimientos sumariales y las consecuencias que supone una sanción, que llegan incluso a la inhabilitación para ejercer cargos públicos”.
Destacan que la figura de la dimisión sin mayor cuestionamiento, deriva en dejar de “perseguir responsabilidades desde el punto de vista administrativo, motivo por el cual aquella persona podría ejercer sin mayor inconvenientes (…) labores remuneradas al interior de otra dependencia de la Administración del Estado”. Se eludiría así cualquier responsabilidad disciplinaria y de “protegerse de un eventual retorno del mismo (funcionario), salvo que se condenare y se inhabilitare en sede penal”.
Recuerdan en el oficio que los diputados de RN no es primera vez que hacen notar esta denuncia, más cuando se produce una lógica de ”impunidad administrativa” supuestamente instalada por esta Administración, “donde las renuncias permiten evadir medidas disciplinarias, huir de citaciones de comisiones especiales investigadoras de la Cámara de Diputados y reasumir funciones públicas en otras reparticiones”.
Finalmente, junto con solicitar que la CGR requiera la información sobre sumarios que se hayan adoptado tras conocerse el caso de las licencias médicas, piden se dicte una instrucción generala los órganos de la Administración del Estado con el objeto de retener “la renuncia de sujetos individualizados en el Informe Consolidado de Información Circularizada N°9 de 2025, de manera que de ser sancionados dicha circunstancia conste en su hoja de vida funcionaria y eventualmente se le impida ejercer labores en la Administración del Estado”.
Revisa el oficio a la CGR para que instruya la retención de renuncias de funcionarios públicos involucrados en el escándalo de las licencias médicas:
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