La Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado un proyecto que obliga a los abogados defensores de imputados por delitos de drogas, terrorismo, corrupción o asociación delictiva a recibir sus honorarios mediante métodos rastreables. La iniciativa, aprobada por unanimidad, establece el uso de cheques, transferencias electrónicas u otros medios para garantizar el origen lícito de los fondos.
La norma se aplica a profesionales que defiendan a acusados bajo la Ley 20.000 (drogas), delitos funcionarios del Código Penal, asociaciones delictivas y crímenes terroristas. Además, incorpora a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) la facultad de recibir información sobre estos pagos. Este último punto se votó por separado, con 109 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones.
El texto fusiona dos mociones: una del diputado Jaime Araya (Indep-PPD) y otra de Juan Manuel Fuenzalida (UDI). Fuenzalida destacó que “no es posible que los tribunales permitan el pago de cauciones con plata manchada con sangre (…) que proviene de los delitos”.
Según el proyecto, los abogados deberán acreditar ante el tribunal el pago recibido al concluir, renunciar o abandonar una defensa. Esta obligación rige incluso si los honorarios se perciben como persona natural, sociedad o empresa.
“Después de un largo trabajo por fin se ha despachado al Senado este proyecto de ley que busca acreditar el origen ilícito del dinero que se paga en la fianza en las causas de narcotráfico, ya que es incomprensible que con el producto de la venta de drogas se financie el pago de millonarios honorarios en billetes a los abogados que los defienden; o peor aún, cuando alguien le roba al Estado, con ese mismo dinero puede financiar su defensa. Este proyecto aporta trazabilidad a los millonarios pagos, y por lo tanto le crea un serio problema al narco y a la corrupción”, explicó el diputado Araya.
Seis meses de suspensión por incumplimiento
Los abogados que no cumplan con estas exigencias enfrentarán suspensiones de seis meses a un año. Sin embargo, la norma excluye a los defensores de la Defensoría Penal Pública. La Comisión de Seguridad Ciudadana amplió la exigencia al origen lícito de recursos en medidas cautelares, como la libertad bajo fianza, en línea con la propuesta de Fuenzalida.
El diputado Jaime Araya defendió la iniciativa. “No se criminaliza ejercer como abogado penalista, sino que se asegura que las defensas se realicen en el marco de la ley. Hacemos un seguimiento real al dinero para evitar lavado de activos”, dijo el parlamentario.
Durante el debate, legisladores de distintos sectores respaldaron el proyecto. Subrayaron la urgencia de cerrar espacios a la corrupción y al crimen organizado.
Críticos, en cambio, argumentaron que la medida no tendrá impacto real. La diputada Maite Orsini cuestionó que los imputados “encontrarán otra forma de pagar y eludir esta obligación”. Otros lamentaron que no se levante el secreto bancario para fortalecer el seguimiento de fondos ilícitos.
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